CIUDAD DE MÉXICO, NOVIEMBRE 18, 2021.- El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, por lo cual es urgente que autoridades y sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Al reunirse con integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rosario Piedra señaló que en nuestro país existe una crisis de desapariciones que viene de muy atrás, la cual se ha recrudecido en los años recientes debido, principalmente, a la conjunción de corrupción e impunidad y se agudiza por las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social.
Durante el encuentro, celebrado en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció que existe debilidad institucional para atender la crisis de desapariciones y afirmó que para superarla es necesario cambiar los esquemas heredados y establecer un marco normativo mínimo idóneo, la realización de un reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
En la reunión, a la que asistieron los miembros del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU Horacio Ravena, Juan Pablo Albán Alencastro y Sergio Giuliano, así como Alán García Campos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la presidenta de la CNDH consideró urgente abordar, de manera seria y responsable, la deuda histórica que se tiene con las víctimas de la represión política del Estado y el esclarecimiento del periodo conocido como “la Guerra Sucia”, a fin de ubicar en su tiempo-espacio de investigación todas las violaciones a derechos cometidas desde mucho antes de los años sesenta y hasta fechas muy recientes.
Asimismo, propuso lograr el adecuado funcionamiento de los servicios médicos forenses de todo el país; continuar con la construcción de centros regionales de identificación humana y priorizar la toma de acciones que materialice, en los ámbitos federal y local, las estructuras creadas para la búsqueda en vida de personas desaparecidas en los plazos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También planteó canalizar recursos presupuestarios para la atención de este grave problema; fortalecer la capacitación y certificación de ministerios públicos, policías, peritos y de todo el personal que participe en labores de búsqueda; garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas y procurar un trago digno para ellas; así como establecer lineamientos para la participación de los familiares, de las organizaciones de la sociedad civil y la propia CNDH, en actividades de investigación, entre otras propuestas.
Al subrayar que para la Comisión Nacional la desaparición forzada de personas es un asunto de particular interés y atención, Rosario Piedra Ibarra explicó que durante su gestión se han emitido nueve Recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, relacionadas con el delito de desaparición forzada, dirigidas a diversas autoridades federales y estatales; además de que se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, que trabaja con víctimas señaladas en la Recomendación 26/2001, emitida por este Organismo, cuya reparación del daño está pendiente y con nuevas víctimas, no incluidas ni identificadas.
Por otro lado, afirmó que “la propia Comisión Nacional que presido, fue en muchos sentidos corresponsable de este círculo vicioso de impunidad-repetición. Y por eso estamos transformándola”, de ahí que actualmente se encuentra reformando su Programa de Personas Desaparecidas (PERDES) con el objeto de que cumpla su función de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas desaparecidas, así como de sus familiares y allegados.
Finalmente, destacó que el fenómeno de las desapariciones es una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de manera integral y resaltó que “no podremos hablar de ser una democracia sustentada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, mientras no se dé una respuesta integral a este flagelo”.
