MEXICALI, MAYO 22, 2022.- El derecho a saber, busca dar a conocer información que permita ejercer otros derechos, tales como el derecho a un medio ambiente sano, mencionó el Diputado César Adrián González García.
Así lo indicó el Legislador del Partido Verde Ecologista de México, al presentar una Iniciativa de reforma al artículo 161 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California.
En su exposición de motivos argumentó que, la información ambiental es un claro supuesto de la prevalencia de la máxima publicidad y de la interpretación en favor de las personas, ya que, sobre cualquier límite al acceso, debe imperar su difusión.
Y el cuidado del medio ambiente involucra a toda la sociedad, por lo que su vulneración causa impacto en otras prerrogativas como la vida, la salud, la seguridad o el equilibrio del entorno en donde se vive, agregó.
Resaltó que, el acceso a información de tipo ambiental permite tomar mejores decisiones sobre dónde vivir y cómo cuidarse; contribuye a construir una cultura de respeto y protección al medio ambiente, y coadyuva en la prevención y atención de fenómenos naturales.
Por ello, al revisar el marco jurídico en la materia, dijo que puede advertirse que, si bien la Ley de Protección al Ambiente contempla el capítulo relativo a Información Ambiental, e independientemente de que sea solicitada por determinados ciudadanos, es obligación de la Secretaría difundir en tiempo real, a través de todos los medios de mayor difusión y plataformas digitales dicha información, para conocimiento de toda la ciudadanía.
Además, expresó que, se trata de un derecho colectivo que se refiere a temas que tocan el entorno en donde las personas habitan, conviven y desarrollan sus actividades cotidianas; que cruza con aspectos que afectan la vida, la salud o la seguridad, como la contaminación o los desastres naturales.
Por tales motivos, propuso reformar la referida Ley, para que, al momento de desarrollar el Sistema Estatal de Información Ambiental, la Secretaría pueda suscribir acuerdos o contratos con particulares o empresas en aras de un mejor cumplimiento.
