MEXICALI, MAYO 24, 2026 .- El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 16 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California.
La propuesta tiene como objetivo establecer un esquema de responsabilidad más justo y equitativo en el pago de los derechos por el servicio de agua potable, en el cual el arrendatario sea responsable de los adeudos que se generen durante el periodo en que tenga el uso y disfrute del inmueble arrendado.
El legislador expuso que, en la práctica diaria, miles de personas que rentan inmuebles para uso habitacional o comercial generan adeudos significativos por el servicio de agua durante el tiempo que ocupan la propiedad.
Añadió que, al concluir la relación contractual, muchos arrendatarios abandonan el inmueble sin cubrir los consumos acumulados, dejando al arrendador con deudas que en ocasiones ascienden a montos impagables.
Indicó que esta situación convierte al arrendamiento en una actividad de alto riesgo y cada vez menos rentable, desincentivando la oferta de vivienda en renta y afectando directamente el acceso a la vivienda de la población más vulnerable.
Según explicó, con la redacción vigente la solidaridad entre arrendador y arrendatario es absoluta e indefinida, permitiendo que la autoridad fiscal cobre la totalidad del adeudo a cualquiera de las partes, sin importar quién generó el consumo ni en qué periodo ocurrió.
Por ello, la iniciativa propone modificar la fracción III del artículo 16 para establecer que la obligación solidaria solo operará cuando se pueda comprobar que el adeudo se generó mientras el arrendatario habitaba o usufructuaba la propiedad, mediante la presentación del contrato de arrendamiento u otro medio de prueba fehaciente.
El diputado señaló que la propuesta no busca eximir de responsabilidad a los arrendadores que efectivamente consumieron el servicio y no pagaron, sino poner un límite justo y razonable a una solidaridad que, afirmó, en la práctica ha resultado abusiva.
Finalmente, destacó que con esta reforma se pretende proteger a pequeños y medianos propietarios cuyo patrimonio se ha visto afectado por deudas ajenas, garantizando al mismo tiempo que la autoridad fiscal pueda cobrar oportunamente a los verdaderos deudores.
