TIJUANA, MAYO 27, 2026.- Arnulfo Guerrero León presentó su renuncia formal e irrevocable al cargo de secretario de Gobierno del XXV Ayuntamiento de Tijuana, en medio de un contexto marcado por amenazas difundidas a través de una narcomanta colocada semanas atrás en la ciudad.
La dimisión fue dirigida al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, y surtirá efecto a partir del próximo 3 de junio, de acuerdo con información dada a conocer este martes.
La salida de Guerrero León ocurre luego de la tensión generada por la aparición de una manta atribuida a grupos del crimen organizado, en la que se le señalaba directamente y se le exigía “cumplir” presuntos acuerdos relacionados con José Antonio “El Tomate” Olivas Heredia, exdirector de Inspección y Verificación Municipal.
El caso provocó una fuerte sacudida política y de seguridad dentro del gobierno municipal, debido a que el mensaje criminal no solo mencionaba al entonces funcionario, sino que evidenciaba el nivel de presión e intimidación que los grupos delictivos intentan ejercer sobre las estructuras de gobierno en Tijuana.
Tras la difusión de la narcomanta, Arnulfo Guerrero emitió un posicionamiento público el pasado 16 de mayo, en el que rechazó los señalamientos y aseguró que las acusaciones eran falsas. Asimismo, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigaran los hechos.
En ese momento, el ahora exsecretario sostuvo que continuaría desempeñando sus funciones bajo las instrucciones del alcalde y reiteró que la administración municipal mantenía una política de legalidad y cero tolerancia a la corrupción.
Sin embargo, casi dos semanas después de aquel episodio, se confirmó oficialmente su salida del gobierno municipal.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tijuana no ha informado quién ocupará de manera definitiva la Secretaría de Gobierno, una de las áreas políticas y operativas más sensibles dentro de la administración local.
La renuncia de Guerrero León ocurre además en un contexto de creciente preocupación por la infiltración y presión del crimen organizado sobre corporaciones, dependencias y actores políticos de la región fronteriza.
