TIJUANA, AGOSTO 19, 2026.- Ante la reciente publicación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, especialistas en derecho, periodismo, academia y transparencia participaron en la mesa de análisis “Libertades y el derecho de las audiencias”, donde se examinó el impacto, los alcances y los retos que representan estas disposiciones desde una perspectiva integral y multidisciplinaria.
El encuentro fue organizado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Baja California (BMA), en coordinación con la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (ENID), y la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, como un espacio para discutir las implicaciones jurídicas y sociales de una regulación que incide directamente en derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad editorial.
La discusión cobra especial relevancia debido a que el 21 de agosto de 2026 vence el plazo para enviar comentarios, observaciones y propuestas a la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Durante su intervención, el presidente de la BMA Capítulo Baja California, Manuel Pérez-Freyre, agradeció la participación de los especialistas y destacó la importancia de mantener abiertos estos espacios de análisis ante lo que, consideró, está en juego con la modificación de los lineamientos.
Subrayó que el debate no debe limitarse al ámbito jurídico, sino que debe involucrar a periodistas, académicos, especialistas y sociedad civil, particularmente por las posibles consecuencias que las nuevas disposiciones podrían tener sobre el ejercicio de derechos fundamentales.
Por su parte, Martha Tudón, de Artículo 19, expuso cifras relacionadas con los atentados y agresiones contra periodistas, informando que en 2025 la organización registró 451 agresiones en contra de periodistas en México, de las cuales el 50 por ciento fueron perpetradas por representantes del Estado. Hubo 69 casos de acoso judicial por la vía administrativa, civil y penal; también se registraron siete periodistas asesinados por su vínculo con la labor periodística y, en lo que va de 2026, ya se contabilizan seis, colocando la discusión sobre los nuevos lineamientos dentro de un contexto de vulnerabilidad para quienes ejercen el periodismo en México.
Desde esta perspectiva, señaló que una regulación que genere incertidumbre sobre los posibles límites o consecuencias del ejercicio periodístico podría provocar que algunos comunicadores opten por no abordar determinados temas, con el consecuente riesgo de autocensura, especialmente cuando se trata de investigaciones que involucran a actores públicos o asuntos de relevancia social.
La periodista, académica y coordinadora de Investigación y Posgrados de Ibero Tijuana, Loraine Morales, compartió durante el encuentro su experiencia personal al enfrentar las consecuencias derivadas del ejercicio del periodismo de investigación en su natal Cuba.
Su participación permitió trasladar la discusión jurídica al terreno de la práctica periodística y mostrar cómo las disposiciones regulatorias pueden tener efectos concretos en quienes desarrollan investigaciones y publican información de interés público.
Morales alertó sobre el impacto que los nuevos lineamientos podrían tener en el trabajo de los periodistas dedicados a la investigación, particularmente ante un escenario en el que las condiciones para ejercer el periodismo ya implican diversos riesgos.
Desde la perspectiva jurídica, el Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, consejero nacional de la BMA y coordinador de Educación Jurídica Continua de Capítulos, sostuvo que el tema debe interesar a toda la sociedad debido a que están involucrados derechos humanos fundamentales.
Explicó que la libertad de expresión y el acceso a la información tienen una dimensión doble: por un lado, las personas tienen derecho a expresarse, pero también existe el derecho de la sociedad a que esas opiniones e informaciones puedan ser expresadas y conocidas.
En ese sentido, recordó que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen derechos relacionados con la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad editorial y los derechos de las audiencias.
Por ello, consideró fundamental revisar desde una perspectiva estrictamente técnica y jurídica que las disposiciones emitidas por la autoridad reguladora no excedan las facultades que la legislación le confiere ni establezcan restricciones que puedan entrar en conflicto con derechos reconocidos por la Constitución.
Además de Martha Tudón, Loraine Morales y Leonardo Abarca Jiménez, participaron como ponentes Paola Sam, técnica académica de la ENID del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Claudia Espinosa, estudiante de doctorado de la ENID del IIJ-UNAM; y el Mtro. Rodolfo Muñoz García, excomisionado presidente del ITAIPBC y coordinador de la Sede Ensenada de la BMA Baja California.
