TIJUANA, SEPTIEMBRE 22, 2026.- El Ayuntamiento de Tijuana enfrenta un momento decisivo respecto al futuro del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la empresa SITT Tijuana S.A. de C.V. o continuar un litigio cuyas consecuencias económicas podrían convertirse en una carga difícil de enfrentar para las finanzas municipales.
El regidor Arturo “Napo” Aguirre González explicó que el problema actual no puede entenderse sin revisar los orígenes del SITT y los compromisos adquiridos durante administraciones municipales anteriores para desarrollar y fortalecer el sistema de transporte.
De acuerdo con Aguirre, parte del conflicto deriva del incumplimiento de convenios y obligaciones asumidas por gobiernos anteriores, situación que terminó trasladándose hasta la actual administración y mantiene al municipio frente a una controversia jurídica con la empresa operadora.
El edil planteó que esperar simplemente a que concluya el litigio representa un riesgo financiero, debido a que las cantidades reclamadas y las obligaciones que eventualmente pudieran determinarse podrían alcanzar niveles muy difíciles de cubrir para el gobierno municipal.
Por esta razón, el Ayuntamiento analiza la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita terminar con el conflicto jurídico y encontrar una salida al problema acumulado durante varios años.
DE 30 MIL PASAJEROS A DOS CAMIONES
Aguirre recordó que el SITT fue concebido como uno de los proyectos de movilidad más importantes para Tijuana y que, durante sus primeras etapas, llegó a transportar alrededor de 30 mil pasajeros, contando aproximadamente con 30 autobuses nuevos en la Ruta Troncal y cerca de 120 unidades alimentadoras.
El contraste con la situación actual es considerable.
Según lo expuesto por el regidor, actualmente el sistema se encuentra reducido prácticamente a dos camiones en operación, reflejo del deterioro que sufrió un proyecto diseñado originalmente para convertirse en uno de los ejes del transporte público de la ciudad.
La reducción de usuarios, unidades y rutas no ocurrió de manera inmediata, sino como resultado de una sucesión de problemas administrativos, operativos, financieros y jurídicos que atravesaron diferentes gobiernos municipales.
UNA DECISIÓN QUE TRASCIENDE A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
El problema que ahora enfrenta el Cabildo consiste en determinar cuál alternativa representa un menor impacto para Tijuana: mantener el litigio hasta obtener una resolución definitiva o construir un acuerdo que permita cerrar el conflicto y establecer nuevas condiciones para el aprovechamiento de la infraestructura del SITT.
Aguirre sostuvo que la situación debe analizarse considerando los antecedentes y responsabilidades acumuladas a través de distintas administraciones, debido a que las decisiones adoptadas en años anteriores tienen actualmente consecuencias jurídicas y financieras para el municipio.
El tema cobra especial importancia porque no se limita a resolver una disputa entre el Ayuntamiento y una empresa privada. También está en juego el destino de infraestructura pública construida para atender uno de los principales problemas de Tijuana: la movilidad de cientos de miles de personas que diariamente necesitan transporte público.
De un proyecto que inició con decenas de autobuses, rutas alimentadoras y alrededor de 30 mil pasajeros, el SITT llegó a una situación en la que únicamente sobreviven dos unidades en operación.
Ahora corresponde al Ayuntamiento decidir cómo cerrar un conflicto heredado y, al mismo tiempo, determinar si la infraestructura que alguna vez representó la apuesta más ambiciosa de transporte masivo de Tijuana todavía puede ser recuperada para la ciudad.
