MEXICALI, OCTUBRE 31, 2026.- Con el propósito de modernizar los procedimientos legislativos y dar certeza jurídica al uso de tecnologías en el Congreso de Baja California, el diputado Jesús Daniel Razo Córdova presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante la cual propone incorporar un capítulo específico para regular la digitalización del trabajo parlamentario.
“Esta reforma no trastoca las bases del proceso legislativo, sino que tiene el imperativo de modernizarnos y ser más eficientes; Baja California cuenta con herramientas y avances en materia de gobierno digital, pero el Congreso requiere un marco normativo propio que regule estas prácticas y garantice su aplicación” sostuvo el representante popular.
En su argumentación explicó que, aunque el estado dispone de una Ley de Firma Electrónica, una Agencia Digital y plataformas como Ventanilla Digital, Llave BC e Identidad Digital BC, la Ley Orgánica del Poder Legislativo aún no contempla un marco expreso que reconozca y dé certeza jurídica al uso de tecnologías en la función parlamentaria.
Ante la falta de reglas específicas, algunas de estas prácticas dependen de acuerdos internos, usos y costumbres o decisiones coyunturales, situación que puede generar inseguridad jurídica, vulnerabilidad ante los cambios de legislatura y desigualdad en el acceso a la información legislativa.
Entre las consideraciones de la propuesta, se contempla establecer principios para la digitalización legislativa, expediente legislativo electrónico, firma electrónica y Gaceta Parlamentaria Digital, así como reconocer la presentación electrónica de iniciativas, proposiciones y otros documentos.
También prevé la posibilidad de celebrar sesiones a distancia o híbridas en supuestos justificados, con garantías de identidad, participación simultánea, publicidad y registro, además de regular las votaciones y notificaciones electrónicas.
Además, el proyecto prevé medidas de ciberseguridad, continuidad operativa y protección de datos personales, así como la asignación de responsabilidades institucionales en materia de innovación y tecnologías de la información.
“Si el Estado exige digitalización al Ejecutivo y a los municipios, el Congreso debe dar el ejemplo y contar con un marco propio, respetando su autonomía”, afirmó Daniel Razo.
