MEXICALI, DICIEMBRE 24, 2021/DTJ.- El legislador Marco Antonio Blásquez Salinas propuso un punto de acuerdo para que el Congreso de Baja California exhorte al Instituto Nacional Electoral a que celebre el proceso de revocación de mandato conforme al mandato Constitucional.
Aprobado anoche por mayoría el inicialista, diputado Marco Blásquez Salinas sostuvo que «se requiere, con toda atención, al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su presidente, Lic. Lorenzo Córdova Vianello, a fin de que se avoque de inmediato y con auténtica vocación democrática y observancia constitucional, a la organización y realización de la revocación de mandato a que se refiere el artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de diciembre del 2019″
Antes, pidió que se modificara el orden del día para incluir esta propuesta en la que fuera el Pleno y no una comisión la que se pronuncie pues no se puede comparar una bancada con todo un Colegio, con todo un Congreso. Por ello, sugirió que el exhorto en este tan importante tema fuera expresado por la XXIV Legislatura y no por una fracción política: «si los compañeros creen que con un pronunciamiento es suficiente, no los sacaremos de su error», espetó para luego lograr que se diera entrada al punto de acuerdo.
En el texto que sustenta su propuesta resaltan las siguientes consideraciones:
A continuación el documento presentado y aprobado ante el Pleno de la XXIV Legislatura
La farsa democrática.
Los altos postulados de la Revolución Mexicana cristalizaron en la Declaración de Derechos Sociales contenida en la Constitución General de la República de 1917. Sin embargo, bajo la sorna de que «nadie aguanta un cañonazo de cincuenta mil pesos», los objetivos de Justicia social se frustraron dando paso a un sistema político basado en el esquema clientelar de los beneficios y apoyos sociales.
La Ley Fundamental expresaba y contenía instituciones políticas y sociales encomiables pero la realidad en la vida cotidiana denegaba al Pueblo el ejercicio de tales derechos.
La llamada «alternancia» no fue más que un capítulo más de la farsa democrática. Con exclusión de los movimientos sociales progresistas, de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones sociales que abogaban por los grupos vulnerables, los partidos producto del Consenso de Washington trataron de imponer la visión política neoliberal: una reforma denominada de Estado que supuestamente ampliaba las libertades civiles y los derechos políticos pero que tenía como destino acabar en letra muerta.
En el Congreso de la Unión, se formó una comisión ad hoc que recopiló opiniones, material y planteamientos únicamente de los sectores que se venían beneficiando con las políticas neoliberales para presentar finalmente un proyecto de decreto.
Así, en el 2012 se aprobaron figuras estériles por los requisitos prohibitivos con que fueron aprobadas. El plebiscito (consulta popular), la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana requerían de un número tan elevado de firmas para echar a andar el procedimiento, que terminaron en figuras de ornato constitucional sin ninguna posibilidad de viabilidad o eficacia en la práctica.
Las fuerzas neoliberales calificaron a estos ejercicios democráticos como simples «mecanismos de participación ciudadana.» Al hacerlo, dieron testimonio de su concepción patrimonialista del poder, pues con tal denominación denotaban una línea divisoria, una separación en el que por un lado se encontraban los detentadores a título de dueños del poder y por otro el Pueblo llano olvidando que la fuente originaria del poder político emana precisamente del Pueblo soberano.
Hoy día, los residuos neoliberales persisten en la intención de inhibir el principal protagonista de la Democracia que es el Pueblo.
El Pueblo manda.
La democracia auténtica se caracteriza por la consulta inmediata y directa al Pueblo. Dirigir con el Pueblo conlleva un gobierno refractario al error. La consulta al Pueblo permite maximizar los logros de progreso y desarrollo social alcanzando la nación que la experimenta todo su potencial.
La Antigua Grecia entraña la confirmación del aserto anterior. Pequeñas comunidades de campesinos y pastores se elevaron a lo más alto de la organización política y social, en las artes y en la economía, gracias a la consulta directa al Pueblo en los asuntos fundamentales.
La representación política en nuestro país produjo gradualmente una separación entre el gobierno y la sociedad, que con la irrupción del neoliberalismo se aceleró generando una fractura dónde fácilmente se podía identificar que los detentadores del poder no hacían más que ver por sus propios intereses dejando de lado al Pueblo, tal y como se observa en un país con más de la mitad de su población en situación de pobreza, es decir, caracterizado por la exclusión social.
Los fraudes de 1988 y del 2006 han dado pasa a sucesivas reformas en materia electoral con ordenamientos, organismos y sanciones que en lugar de ensanchar la vida democrática no hacen más que inhibirla de manera sofisticada.
El limitado marco jurídico en torno a los medios de prueba para acreditar las infracciones a la ley, en particular a la vulneración de la equidad en la competencia, aleja la posibilidad de declarar la nulidad principalmente sobre la compra sistemática del voto. La paradoja consistente en que los partidos políticos y sus candidatos deben registrar su plataforma política ante la autoridad electoral pero sin que exista ningún procedimiento o sanción que les obligue a llevarla a cabo, es otra muestra de la debilidad de la incipiente democracia mexicana.
Por ello, los ejercicios de consulta directa al Pueblo cobran mayor relevancia. Los problemas acumulados y heredados por la época neoliberal, aunados a los provenientes del entorno exterior adverso, en especial de carácter económico, requieren de la consulta al Pueblo como principio para mantener, conservar y consolidar el vigor de la nación.
Al saberse las y los mexicanos protagonistas de su propio destino, se cuenta con una base de cohesión social idónea para superar cualquier reto.
La mordaza y el requerimiento por la democracia.
El Gobierno de la República que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por emprender acciones de reivindicación social. No es fácil concretarlas, ya que canalizar asignaciones directas a quienes estaban excluidos, a través de los programas sociales; tomar medidas para que todos contribuyan a la hacienda pública y recuperar el poder remunerador del salario mínimo, entre otras, desde luego genera resistencias por parte de quienes venían detentando los privilegios.
Los grupos reaccionarios, que en nuestro país y en otras naciones de Latinoamérica no han dudado en optar por medios ilegítimos para descarrilar la transformación social, al ser evidenciados proceden a calificar al debate y deliberación políticas como «polarización», pretendiendo crear la falsa sensación de un país y una sociedad divididos.
En este contexto político y social, es que se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de diciembre de 2019 la reforma constitucional en materia de revocación de mandato.
En función del momento y circunstancia política por el que atraviesa el país, conviene transcribir el siguiente transitorio del decreto comentado:
“Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días de expedida la convocatoria.”
A pesar de que, como se aprecia, se han creado las condiciones propicias para que a través de la Democracia deliberante se confirme y ratifique el rumbo que ha tomado el país y se cuenta con una ruta y cronograma para que la voluntad popular se manifieste, resulta que el órgano constitucional autónomo especializado en llevar a cabo los instrumentos democráticos, decide abdicar de su misión.
El Instituto Nacional Electoral aduce que no cuenta con los recursos para llevar a cabo el ejercicio democrático. Sin embargo, es claro que antepone proyectos irrisorios frente a la primacía que tiene la revocación de mandato, en particular en la coyuntura política que hemos descrito líneas arriba.
A los partidos políticos que se beneficiaron con las políticas neoliberales pretendiendo dar continuidad a la simulación democrática, se suma ahora el Instituto Nacional Electoral. Apartándose del deseo de millones de ciudadanos, sin tomar en cuenta su parecer, el Instituto se convierte en obstáculo para la ampliación de la vida democrática en México al caer en la omisión, con el pretexto de la falta de solvencia presupuestal, siendo que con la mínima voluntad política puede hacer los ajustes necesarios y suficientes en las partidas correspondientes para llevar a cabo de manera desahogada el ejercicio democrático que miles de ciudadanos impulsan al conseguir firmas para su realización.
Por ello, todas y todos los que estamos comprometidos con instaurar en nuestro país la democracia real, la que va más allá de la jornada electoral y se aboca a propiciar el crecimiento sostenido del nivel de vida de la población, empezando por los más pobres, se propone la presente proposición parlamentaria con dispensa de trámite en los términos del artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, por las razones de obvia y urgente resolución, concreta el documento.
