Fiscalía General del Estado logra sentencia de 15 años de prisión para acusados de homicidio en grado de tentativa

Con base a los elementos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la FGE

TIJUANA, ENERO 5, 2022.- Presentar argumentos contundentes para que los responsables de algún delito paguen por ello, y que las víctimas reciben la respectiva indemnización por reparación del daño, es una tarea primordial para la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de los agentes del Ministerio Público y policías investigadores.

Con base a los elementos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público de la FGE, se logró obtener sentencias condenatorias en contra de Diego Enrique Ortiz Álvarez y Jesús Gerardo Alarcón Saligan, como responsables del delito de homicidio calificado en su grado de ejecución tentativa, por lo que fueron condenados a 15 años de prisión.

Durante procedimiento abreviado el Ministerio Público expuso argumentos y antecedentes de investigación, logrando que los sentenciados aceptaran su responsabilidad en los hechos ocurridos la mañana del 4 de septiembre de 2020, cuando intentaron privar de la vida a Juan José López, a quien le dispararon con arma de fuego en al menos 7 ocasiones.

Con base a la investigación se estableció en dicha fecha la víctima caminaba sobre el bulevar García a la altura de la entrada a Sección Vistas del Fraccionamiento Natura, cuando se aproxima un vehículo marca Ford Focus, color blanco, con placas de circulación de California, abordado por estos hombres.

Al verlo, Jesús Gerardo le dijo a su acompañante “échate a ese sujeto” señalando a la víctima, para ello Diego Enrique desciende del automóvil y dispara aproximadamente en siete ocasiones con un arma de fuego, logrando lesionarlo en el glúteo izquierdo y en la cadera del lado izquierdo.

Después de cometer el ilícito y para evitar ser detenido, aborda de nuevo en el vehículo en el cual se dieron a la fuga.

Con la celebración de las audiencias la Fiscalía General del Estado (FGE) reafirma el compromiso de dejar en prisión a las personas que cometen delitos en agravio de los ciudadanos de Baja California.

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