MEXICALI, ABRIL 6, 2022.- Con el objeto de sancionar a los servidores públicos que, por un mal desempeño o incumplimiento de sus funciones ocasionen una falta de pago a los proveedores de las instituciones públicas, interviniendo en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, que deriven en una falta de cumplimiento de los términos y condiciones para cubrir las contraprestaciones pactadas en los contratos previamente celebrados, se presentó iniciativa de reforma al artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Baja California.
En el documento presentado por oficialía de partes, se destaca que la falta de pago de las instituciones gubernamentales a sus proveedores se debe a diversos factores, sin embrago, es importante que la XXIV Legislatura del Estado, establezca las condiciones necesarias para que, la referida falta de pago disminuya hasta que se regularice y no afecte las relaciones que celebra el gobierno estatal con los particulares.
El incumplimiento, por retraso o falta de pago a proveedores por parte de cualquier entidad centralizada o paraestatal del gobierno del estado, es una circunstancia que implica un grave daño a las finanzas públicas, debido a sus limitaciones de tesorería y dependencia de un crédito, así como la de los particulares.
Además, el incumplimiento de las contraprestaciones pactadas en los contratos celebrados al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, deja la posibilidad de que los proveedores accionen medidas judiciales a través de la interposición de juicios en la vía civil y mercantil, lo cual implica que se tengan que asignar recursos humanos y financieros para la contestación de los mencionados medios de defensa, además de traer consigo falta de credibilidad y confianza en las instituciones públicas.
La legisladora inicialista, Evelyn Sánchez Sánchez, expresó en el documento que en el periodo de 2020 a 2021, se recibieron diversas quejas y denuncias presentadas por proveedores de instituciones públicas alegando falta de pagos, por lo que es necesario legislar para regular la actividad mercantil, ya que por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica y aclara a la sociedad sus acciones y con esta reforma se estaría aceptando su responsabilidad y aplicando sanciones previstas en el artículo 75 de la misma Ley.
