CIUDAD DE MÉXICO, JUNIO 15, 2022.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 57VG/2022 a la titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, por actos de tortura en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal (PF).
El 5 de marzo de 2021, se recibió en esta Comisión Nacional un escrito de queja firmado por la víctima, quien refiere que fue detenida el 4 de febrero de 2014 en Temixco, Morelos, precisando que durante su detención y traslado fue torturado por sus captores. Un día después fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México. Ante el MPF, confesó hechos que coincidieron con las hipótesis normativas de diversos delitos propios y de terceros.
Posteriormente, en declaración preparatoria, el 10 de febrero de 2014, ante un Juzgado de Distrito, manifestó que había hecho la declaración ministerial coaccionado, porque fue golpeado y amenazado por tres elementos de la entonces Policía Federal. Agregó que las lesiones que presentaba se las provocaron sus aprehensores y en ese acto presentó denuncia contra sus captores.
Con base en los dictámenes de integridad física realizados por peritos oficiales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el estudio psicofísico de ingreso al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), realizados el 6 de febrero de 2014, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos de la víctima. Dichos exámenes sirvieron de base para el dictamen médico pericial realizado el 31 de octubre de 2019 conforme al Protocolo de Estambul, que se integró a la Causa Penal relacionada con la víctima, el cual resultó positivo a tortura.
En opinión de esta Comisión Nacional, en este caso se vulneraron los derechos básicos e indiscutibles del respeto a cualquier persona, en sus ámbitos físico y mental, en un régimen de respeto al Estado de Derecho, como son los relacionados con la dignidad humana y la integridad de las personas, y por ello se clasificaron como violaciones graves a derechos humanos.
Con base en lo anterior y en las evidencias analizadas, la Comisión Nacional solicitó a la SSPC que se brinde la reparación integral del daño a la víctima, que incluya una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los hechos. Que se inscriba a la víctima en el Registro Nacional de Víctimas, además de que se le otorgue atención médica integral y psicológica, la cual deberá brindarse por personal especializado y de forma continua, atendiendo a su edad y necesidades, así como proveerle de medicamentos y materiales gratuitos convenientes a sus padecimientos.
De igual manera, que colabore ampliamente con la Fiscalía General de la República en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que esta CNDH presente contra los servidores públicos implicados en los hechos, a fin de que se investigue y determine conforme a derecho la responsabilidad penal que corresponda.
Asimismo, que implemente un curso de capacitación en materia de respeto a los derechos humanos con enfoque en la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con énfasis en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, garantizando la asistencia de la persona servidora pública involucrada en los hechos que permanece adscrita a esa Secretaría.
La Recomendación 57VG/2022 ya fue debidamente notificada a su destinataria y puede ser consultada en la página web cndh.org.mx.
