MEXICALI, JULIO 10, 2022.- El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alejandro Arregui Ibarra, informó que la dependencia bajo su responsabilidad estuvo vigilante del cumplimiento de las empresas en el pago de utilidades, cuyo plazo venció el 30 de junio.
Mencionó que la instrucción de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pila Avila Olmeda, fue muy clara: salvaguardar los derechos de los trabajadores, por encima de cualquier otro interés.
Arregui Ibarra comentó que esta prestación es un derecho constitucional de las y los trabajadores de Baja California y que este año reportó un incremento en comparación con años anteriores, gracias a la reforma laboral impulsada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
“La prohibición de la subcontratación de personal conocida como «outsourcing”, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2021 favoreció a que más empresas cumplieran con la obligación que tienen con empleadas y empleados, lo cual es favorable para los trabajadores y sus familias”, dijo el funcionario estatal.
Arregui Ibarra dio a conocer que Baja California pasó de los 2 mil 764 millones a los 5 mil 169 millones, es decir hubo un aumento del 87 por ciento del pago de utilidades respecto del ejercicio de 2020; explicó que en el presente año se están pagando las del 2021, y se realizan en base a la declaración anual que hace cada empresa, la cual se debe hacer los primeros 3 meses del año, una vez terminado el ejercicio fiscal anterior.
El funcionario estatal explicó que la prohibición de la subcontratación de personal conocida como «outsourcing”, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2021 favoreció a que más empresas cumplieran con los trabajadores.
“Un dato importante, respecto a la reforma de la sub contratación de personal, es que, gracias a esta reforma, 2.7 millones de trabajadores pasaron de empresas que solo existían en papel a empresas productivas; fue por ello que 2.7 millones más accedieron al pago de utilidades”, detalló Arregui Ibarra.
Finamente hizo un llamado a los trabajadores a denunciar si su empresa no cumplió con la prestación a la que por ley están obligados, para que la Secretaría del Trabajo tome las acciones correspondientes, revisión y en su caso multa para favorecer al trabajador.
