MEXICALI, JULIO 1, 2022.- Con el objetivo de tener centros educativos seguros y aptos para el desarrollo educativo de los estudiantes en Baja California, la diputada Rosa Margarita García Zamarripa, presentó iniciativa mediante la cual propone crear la Ley de Seguridad Escolar Integral.
En su exposición de motivos la legisladora García Zamarripa expone que en los últimos meses se han multiplicado la existencia de hechos o actos que ponen en riesgo y peligro la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, personal directivo, docente y de apoyo al interior de los centros escolares.
Con motivo de lo anterior, las autoridades de Seguridad y Educación del Gobierno del Estado iniciaron mesas de trabajo para dar una revisión al marco de actuación de las autoridades, “esfuerzo al que me sume como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado”, precisó.
Mencionó que la actual Ley adolece de las diferentes y variadas situaciones de riesgo.
En ese sentido, la propuesta propone maximizar las garantías legales para proteger a los estudiantes durante la jornada escolar y garantizar el derecho a una vida libre de violencia en los centros escolares, salvaguardando sus derechos al establecer un marco jurídico que delimite la actuación de las autoridades en sus procesos de inspección, revisión e intervención.
Además, generar seguridad y certeza jurídica para la comunidad escolar, los padres de familia y sociedad en general; al contar con una legislación que regule de manera amplia una variedad de hechos que pueden poner a los estudiantes en peligro, con la seguridad de que las autoridades tienen un marco legal robusto para actuar oportuna, eficaz, eficiente y con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aseguró.
Dijo que la propuesta de Ley obliga a las autoridades a que los padres de familia firmen los reglamentos de disciplina escolar.
Así como los formatos de autorización para la realización de inspecciones y revisiones preventivas por parte del comité de seguridad escolar y protección civil, con auxilio y colaboración de las instituciones de seguridad pública, detalló.
García Zamarripa explicó que el punto central es buscar un equilibrio entre el derecho de toda la sociedad y la comunidad escolar a tener centros escolares seguros, frente al derecho de los estudiantes a no ser molestados con actuaciones no reglamentadas y sin justificación.
Donde se afecte el derecho a su identidad, privacidad y certeza jurídica de ellos y sus padres a conocer sus derechos y obligaciones para ser sometidos a revisiones y en los casos de emergencia, procedan las intervenciones policiales en estados de riesgo y necesidad inminente, finalizó.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Seguridad Publica y Protección Civil para su respectivo análisis y posterior dictaminación.
