MEXICALI, OCTUBRE 30, 2022.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, presentó una iniciativa con la finalidad de crear la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte para el Estado de Baja California.
Lo anterior en respuesta a los trabajos realizados a través del mecanismo de Parlamento Abierto, impulsado por la legisladora, los cuales se llevaron a cabo los días 23 y 24 de agosto de 2022.
Esta propuesta de ley, tiene por objeto el garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; principios afines a lo previsto en la nueva Ley General de Movilidad.
García Ruvalcaba, señaló en su exposición de motivos, “en un hecho inédito en la historia de nuestro Estado, se realizó un parlamento abierto de manera institucional, en donde ciudadanos interesados, representantes de diversos grupos de la sociedad civil, de cámaras y organismos empresariales, de instituciones gubernamentales estatales y municipales, se dieron cita en estos foros y forjaron una convergencia de ideas sin precedentes, en donde todas las voces fueron escuchadas”.
Los trabajos fueron coordinados por las Comisiones Unidades de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que preside el diputado Ramón Vázquez Valadez y de Desarrollo Económico y Comercio Binacional que preside la propia legisladora García Ruvalcaba, de la XXIV Legislatura del Estado de Baja California.
Entre las diversas ideas recabadas en las mesas de trabajo, se contempló la creación digital de licencias y permisos de conducir, se destacó el énfasis sobre las políticas públicas con perspectivas de género, para establecer garantías mínimas a las mujeres para su protección en la movilidad y seguridad vial. De igual forma la iniciativa prevé la implementación de manera transversal de perspectiva de inclusión social, incluyendo estrategias y acciones para las personas con discapacidad, especialmente en el servicio público de transporte y en infraestructura vial.
Entre otras garantías se encuentran su conjugación con las políticas públicas en materia de seguridad pública, como implementación de herramientas de videovigilancia; el botón de pánico, la geolocalización, accesibilidad y digitalización de los servicios de transporte, la debida identificación de vehículos y choferes, así como protocolos de protección y denuncia.
También se destaca en esta propuesta, el planteamiento para que la Administración Pública Estatal, instaure una dependencia centralizada cuya competencia se enfoque particularmente en la Política de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, creándose la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Baja California, y que, mediante acuerdo de sectorización, sea ésta la que coordine al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado.
