MEXICALI, MARZO 12, 2023.- La diputada Daylín García Ruvalcaba, presentó ante Oficialía de Partes, iniciativa para establecer el procedimiento para la designación y nombramiento del Magistrado titular de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, así como del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Actualmente la Constitución Estatal, en sus artículos 55, 70, 71, prevé que tanto el Magistrado como el Fiscal son nombrados por el Congreso, pero a propuesta del Gobernador del Estado. “Esto no fue siempre así; y lo que llama la atención es que en su momento no se justificó ese cambio en la iniciativa de reforma, atentando a los principios de transparencia” comentó la legisladora García Ruvalcaba.
Agregó que en Baja California, de acuerdo a la encuesta del INEGI en el año 2019, se demostró que el 88.3% de la población de 18 años y más, percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes. Esta encuesta también arrojó que, en promedio de 11,333 de cada 100,000 habitantes del Estado, experimentaron al menos un acto de corrupción al tener contacto con algún servidor público.
Al respecto Daylín García señaló que estas cifras reafirman que la corrupción persiste de manera alarmante en Baja California, siendo necesario que se implementen políticas públicas dirigidas a combatir este problema, que impide fomentar el crecimiento económico, abatir la pobreza, desigualdad, y hacer frente a otras dificultades que nos aquejan y que tienen su origen en la corrupción.
Asimismo, añadió que la designación del Magistrado y Fiscal debe ser congruente con los principios constitucionales y el derecho humano a vivir libre de corrupción, siendo necesario que esta Legislatura diseñe un proceso que vincule a la ciudadanía y se tome en cuenta la competencia por mérito a través de una convocatoria pública abierta, para garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios designados.
En relación, la inicialista propone que se cree una Comisión Especial, compuesta por al menos 5 diputados de diferentes partidos políticos, mismos que elaboraran el proyecto de convocatoria, con la opinión del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, para que sea aprobada por mayoría del Pleno, para la difusión respectiva.
Entre otras consideraciones se formula que dicha Comisión; con el auxilio de instituciones de investigación y educación, practiquen evaluaciones curriculares y de aptitudes, un examen teórico y práctico de conocimientos jurídicos, cuyos resultados deberán ser compartidos al Comité de Participación Ciudadana para emitir su opinión.
Para concluir dicho procedimiento, la Comisión Especial emitirá un dictamen con el listado de los candidatos que cubrieron todos los requisitos, para que las y los diputados en Sesión de Pleno, designen por mayoría calificada a los funcionarios en cuestión.
