MEXICALI, JUNIO 2, 2023.- El diputado de MORENA, Juan Manuel Molina García, presentó ante el Pleno una proposición de acuerdo económico, por el cual se exhorta al Presidente del PJEBC, y al Fiscal General del Estado, a fin de que realicen las acciones necesarias para acelerar el proceso y no dilatar las diligencias a maestros jubilados y pensionados, presuntas víctimas del delito de administración fraudulenta, por quienes manejaban la caja de ahorros magisterial.
Asimismo, la solicitud dirigida al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López y al Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, demanda que se fijen las audiencias en fechas cercanas, para hacer justicia de manera pronta, a quienes así lo demandan, ya que para otros nunca llegó, y ahora las familias continúan en la búsqueda de recuperar sus inversiones.
Molina García, hizo alusión que en el año 2018 empezó una odisea para 1,600 familias bajacalifornianas, ya que se interpuso una denuncia ante la unidad de delitos patrimoniales de la Fiscalía Regional, por parte de maestros jubilados y pensionados, pertenecientes al Magisterio de Baja California, al enterarse que todo su patrimonio había desaparecido de la caja de ahorros.
Los profesores afectados denunciaron ser víctimas del delito de administración fraudulenta por parte de las personas líderes de la administración, desde la presidenta, miembros y asociados, así como accionistas e integrantes de los diferentes consejos de administración.
Según documentos periciales, el monto de afectación a estas familias asciende a mas de mil quinientos millones de pesos, representando el patrimonio de muchos años de ahorros, pago de finiquitos, pensiones y jubilaciones, de las y los maestros de Baja California. Ahora lo que buscan es recuperar su capital, recibir justicia y que se castigue a los responsables.
Con respecto a los titulares de esta inversión que lamentablemente ya han fallecido, sus familiares con todo el derecho que los legitima; continúan en la búsqueda de recuperar la cantidad que les corresponde.
“Los constantes diferimientos de las audiencias y la separación de tiempo entre las mismas, han dilatado la resolución del asunto sin que se dicte una sentencia.
“Al tratarse los afectados de personas adultas mayores, se les limita el derecho al acceso a la justicia, siendo obligación de las autoridades tratar el asunto con la perspectiva que amerita, más aún al ser para el juzgador un hecho notario que varias personas afectadas han fallecido, revelando un total denegación de justicia en sus casos”, expuso el diputado.
