MEXICALI, AGOSTO 31, 2023.- Integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, analizaron y aprobaron en sesión, el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa de reforma de varios artículos de la Ley Electoral, Ley de Partidos Políticos y la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, todas del Estado de Baja California, cuyo inicialista es el legislador Juan Manuel Molina García.
Cabe señalar que el Dictamen 95 de la Comisión de Gobernación, incluye para su fortalecimiento, las iniciativas en materia electoral presentadas en su momento por las diputadas, Michel Sánchez, Evelyn Sánchez, Monserrat Rodríguez, Amintha Briceño, Alejandrina Corral, Daylín García, el diputado Manuel Guerrero, César González y la iniciativa ciudadana presentada por integrantes de la organización Alianza Inclusiva y Diversa de México representada por Berthila Burgueño.
Por lo que corresponde a la iniciativa ciudadana, el diputado Molina García señaló que por los próximos tiempos electorales no es posible que la misma tomara su proceso como lo señala la ley, sin embargo logró asumir dentro de su proyecto, ciertos aspectos como el contemplar que los institutos políticos deben postular en las candidaturas de diputaciones y regidurías, al menos una formula de cada una de las poblaciones de atención prioritaria (jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, personas de la diversidad sexual y de género, y personas con discapacidad).
El inicialista mencionó que esta medida va encaminada a alcanzar las mismas aspiraciones de las candidaturas indígenas y afromexicanas, materia que fue recientemente legislada en el Estado, a raíz de las Consultas a las comunidades.
Este paquete legislativo también persigue establecer el aumento del 3% al 6% del finamiento público que reciben los partidos, para destinarlo a actividades de capacitación promoción y desarrollo en el tema del enfoque interseccional, y un 3% para la capacitación y construcción de nuevas masculinidades.
De igual forma se insertan las limitaciones para acceder al cargo de elección popular por tener sentencia firme en delitos contra la vida, la integridad corporal, libertad y seguridad sexual, violencia familiar y violencia política en contra de las mujeres, y ser deudor alimentario.
Además se incorporan elementos de legalidad y seguridad jurídica en el régimen de sanciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de los operadores de las instituciones electorales.
Se instrumenta el principio de austeridad en las funciones administrativas del Instituto Electoral. Por otro lado, se clarifica en la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, el procedimiento para cuando surja una vacante de una magistratura.
Por todo lo anterior, el proyecto legislativo materia de estudio derivó en el Dictamen 95 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el cual contó con los votos a favor del diputado, Juan Manuel Molina García, y las diputadas Alejandra María Ang Hernández, Evelyn Sánchez Sánchez y Liliana Michel Sánchez Allende, una abstención del legislador Juan Diego Echeverria Ibarra y un voto en contra de la diputada Daylín García Ruvalcaba.
