Sentencia de 4 años y 6 meses de prisión a responsables de privación de la libertad agravada

Los hechos ocurrieron en mayo de 2022

TIJUANA, AGOSTO  6, 2023.- La Fiscalía General del Estado ha reunido suficientes pruebas para incriminar y lograr que dos imputados sean sentenciados a 4 años y 6 meses de prisión por su participación en el delito de privación ilegal de la libertad agravada.

Con las pruebas presentadas durante la etapa intermedia, el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Tijuana llegó a un acuerdo con los acusados y sus defensas para realizar un procedimiento abreviado, permitiendo así concluir anticipadamente con el proceso y dictando la pena mencionada.

Los hechos ocurrieron el 17 de mayo de 2022, aproximadamente a las 16:00 horas, en la calle Derecho de Vía de la colonia Terrazas del Valle, cuando Ricardo Otero Alcocer y Raúl Banderas Domínguez privaron de su libertad a un hombre mientras conducía un vehículo Chevrolet Spark, color gris, en esa calle.

Ricardo Otero abordó al conductor y lo amenazó con un arma de fuego, ordenándole detenerse para que él y su cómplice se subieran al vehículo. La víctima, temiendo por su vida, obedeció y permitió que ambos subieran a la unidad.

Con la víctima aún encañonada, los agresores le ordenaron avanzar sin detenerse, alegando la presencia de la policía. La víctima logró divisar una unidad de la Guardia Nacional y decidió detener la marcha para solicitar ayuda. Los agresores fueron interceptados en el vehículo y se les encontró el arma de fuego.

El 1 de agosto de 2023, se llevó a cabo la audiencia intermedia ante el Juez de Control de este partido judicial, quien aprobó la terminación anticipada del proceso mediante un procedimiento abreviado, condenando a los acusados a 4 años y 6 meses de prisión, negándoles a ambos los beneficios libertarios.

Con estas acciones, la fiscalía general del Estado fortalece la labor de persecución del delito mediante métodos de investigación para esclarecer los hechos, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia y no quede impune cualquier delito que atente contra la integridad de los bajacalifornianos.

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