TIJUANA,OCTUBRE 21, 2023.- Tras ser encontrados penalmente responsables de los delitos de robo calificado y robo de vehículo con violencia, Luis Felipe Mendoza Ventura y María Guadalupe García Gastélum fueron sentenciados a 7 años y 6 meses de prisión. La Fiscalía Regional de Tijuana presentó los datos y elementos de prueba que derivaron en dicha pena privativa de la libertad.
La carpeta de investigación contiene que el 11 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 01:40 horas, la víctima se encontraba trabajando como chofer de la plataforma Uber, a bordo de un vehículo marca Kia Rio, modelo 2022, color blanco, con placas de Baja California, cuando al dejar a los hoy sentenciados sobre la calle Juan Álvarez de la colonia Nuevo Milenio, le apuntaron con un arma de fuego despojándolo del automóvil en mención, de mil 800 pesos en efectivo y de sus pertenencias, para posteriormente huir con rumbo desconocido.
Sin embargo, momentos después fueron detenidos por conducir dicha unidad con las luces posteriores apagadas. El vehículo fue recuperado, mientras que Luis Felipe y María Guadalupe fueron puestos a disposición de la Fiscalía en la Unidad de Investigación con Detenido.
Una vez interpuesta la denuncia por este hecho, se instruyó un agente estatal de investigación a que realizara las indagatorias necesarias con la finalidad de obtener mayores datos. Una vez recopilada la evidencia, se solicitó orden de aprehensión ante un juez en contra de los sentenciados, la cual fue concedida y posteriormente cumplimentada el 13 de noviembre de 2022.
El día 14 de noviembre de 2022, se formuló imputación y se vinculó a proceso a Luis Felipe Mendoza Ventura y María Guadalupe García Gastélum, señalándose un plazo dos meses de investigación complementaria, con medida cautelar de prisión preventiva.
Fue a través de un procedimiento abreviado realizado el 17 de octubre de 2023 que ambos acusados admitieron su culpabilidad y fueron sentenciados a 7 años y 6 meses de prisión. Se les negaron beneficios libertarios.
La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de fortalecer todas las acciones de investigación necesarias para esclarecer delitos y combatir la impunidad, buscando que los culpables sean procesados y se les aplique el castigo que la ley señala.
