TIJUANA, ENERO 15, 2024.- La Fiscalía General del Estado reunió suficientes pruebas para incriminar y lograr que dos imputados fueran sentenciados a tres años de prisión por su participación en el delito de privación ilegal de la libertad agravada.
Con las pruebas presentadas durante la etapa intermedia, el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Tijuana llegó a un acuerdo con los acusados y sus defensas para realizar un procedimiento abreviado, permitiendo así concluir anticipadamente el proceso penal.
Los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2022, aproximadamente a las 4:00 horas, en el callejón Coahuila, cuando las dos víctimas, de sexo masculino, fueron abordados, por los hoy responsables Marvin Alvarado Hernández y Jairo Darío Ibarra Pichardo, quienes los privaron de su libertad amenazándolos con un arma de fuego y tomándolos del cuello, para llevárselos a un lugar cercano.
A las víctimas las subieron a un taxi libre y los trasladaron hasta un hotel en desuso en un callejón de la Zona Norte de Tijuana. Ahí los encerraron en cuartos diferentes, y además de quitarles sus pertenencias los golpearon.
En determinado momento una de las víctimas logró escapar y dar a viso a la Policía Municipal a quienes condujo hasta el lugar para rescatar a su amigo, quien se encontraba encerrado y amarrado con una cinta de color blanca, además que presentaba diversos golpes en el cuerpo. Al ser señalados por la víctima, los agentes aseguraron a los dos imputados, Marvin Alvarado y Jairo Darío Ibarra.
El 9 de enero de 2024, se llevó a cabo la audiencia intermedia ante el Juez de Control de este Partido Judicial, quien aprobó la terminación anticipada del proceso mediante un procedimiento abreviado, condenando a los acusados a tres años de prisión y a la reparación del daño en favor de los ofendidos.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado fortalece labor de persecución del delito mediante métodos de investigación para esclarecer los hechos, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia y no quede impune cualquier delito que atente contra la integridad de los bajacalifornianos.
