MEXICALI, SEPTIEMBRE 9, 2024.- El Congreso del estado emitió un atento exhorto al Secretario de Educación en el estado y al representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Baja California, para que en coordinación con las autoridades correspondientes, realicen las acciones y/o gestiones pertinentes a efecto de que se impida el cobro desmedido por servicios no prestados por las instituciones educativas privadas.
La propuesta fue presentada por la diputada morenista, Araceli Geraldo Núñez, quien argumentó que la educación en México es un derecho protegido constitucionalmente tal cual dispone el artículo Tercero que toda persona tiene derecho a la educación y que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades con apego a los mismos fines y criterios que la educación pública.
Motivo por el cual la legisladora considera necesario establecer que los particulares que otorguen el servicio de educación, lo hagan dentro de un marco legal más apegado al bienestar social, por lo que debe protegerse a los particulares para que no se les realicen cobros por un servicio que no es prestado.
“Tal es el caso muy reiterado de ciudadanos que acuden a nuestros módulos, madres y padres de familia de diversos colegios de las ciudades de Tijuana y Mexicali, en donde se nos informa que es una práctica muy arraigada en los colegios particulares, que cobren la mensualidad o colegiatura por los meses de julio y agosto, cuando en realidad los educandos no acuden a clases durante dichos meses”, indicó.
Subrayó que en ocasiones sí entran a clases los últimos dos o tres días de agosto y salen de vacaciones los primeros días del mes de julio, sin embargo, se cobra la colegiatura completa por un servicio de educación que no están recibiendo, “por lo que consideramos que el cobro por un servicio no otorgado va más allá y vulnera los apartados y el espíritu y naturaleza que se plasmó en el numeral tercero de nuestra Carta Magna Federal”.
Por lo que se emite un atento y respetuoso exhorto a Luis Gilberto Gallego Cortez, Secretario de Educación del Estado y a Oscar Zárate Chavez, Director de la Oficina de PROFECO Zona Metropolitana de Tijuana, para que realicen las acciones y/o gestiones correspondientes a efecto de se impida el cobro desmedido por servicios no prestados y se lleven a cabo las visitas o inspecciones necesarias para la revisión de estos conceptos aplicados por las instituciones privadas de educación que tienen actividad en el Estado.
