TIJUANA, ENERO 6, 2026.- La diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa de reforma al artículo 118 del Código Penal de Baja California, con el objetivo de que la prescripción de la acción penal no solo se interrumpa con la aprehensión del imputado, sino también a partir del momento en que este es vinculado a proceso.
La legisladora explicó que esta modificación responde a la necesidad de adecuar la legislación local a las exigencias de un Sistema de Justicia Penal moderno, transparente y efectivo, en concordancia con el Sistema Penal Acusatorio que opera en la entidad.
Señaló que la reforma busca fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia, al tiempo que evita que el paso del tiempo o defectos técnicos, como la falta de aprehensión del imputado, favorezcan la impunidad.
Actualmente, el artículo 118 del Código Penal establece que la prescripción de la acción penal únicamente se interrumpe con la detención formal del imputado, una vez transcurrida la mitad del plazo necesario para la prescripción. Sin embargo, dicha disposición no contempla el momento de la vinculación a proceso, etapa clave dentro del sistema acusatorio.
Esta omisión ha generado escenarios en los que, a pesar de que una persona ha sido vinculada a proceso y el asunto se encuentra en trámite ante la autoridad judicial, la acción penal continúa prescribiendo si no se ejecuta la aprehensión, lo que puede derivar en la extinción del proceso penal antes de que exista una resolución de fondo.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México advirtió que esta situación representa una laguna legal que puede permitir la impunidad en determinados delitos, particularmente cuando la detención del imputado no ocurre de manera inmediata, pese a existir una vinculación formal al proceso judicial.
Finalmente, subrayó que, en un sistema basado en la oralidad, transparencia y celeridad, la vinculación a proceso es una etapa fundamental para determinar si un caso avanza a juicio, por lo que debe tener efectos jurídicos suficientes para interrumpir la prescripción de la acción penal.
