TIJUANA, ENERO 6, 2026.- El Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), hizo un llamado al sector empresarial para postularse en la Tercera Edición del Reconocimiento a las Buenas Prácticas Empresariales en Derechos Humanos, iniciativa que busca visibilizar a las empresas que promueven una cultura corporativa humana, responsable e incluyente.
El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, destacó que la participación de la iniciativa privada es un elemento clave para la gobernabilidad y el bienestar social en la entidad. “La competitividad de una empresa no se mide solo por sus números, sino por su calidad humana; queremos reconocer a quienes están haciendo la diferencia desde sus entornos laborales”, expresó.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, informó que la respuesta de las empresas en esta edición ha sido positiva y superior a la de años anteriores, reflejando una mayor conciencia social en el sector empresarial. “Hemos visto un interés creciente y proyectos muy sólidos, pero queremos que nadie se quede fuera. Esta es la última oportunidad para sumarse; la fecha límite es el 14 de enero de 2026”, detalló.
La convocatoria está abierta a empresas de todos los tamaños y giros con operaciones en Baja California. El proceso de evaluación se enfoca en acciones concretas en siete ejes rectores: compromiso político con los derechos humanos, debida diligencia, cumplimiento de normas laborales, igualdad y no discriminación, responsabilidad social, cuidado al medio ambiente y mecanismos de anticorrupción y transparencia.
El Gobierno del Estado mantiene habilitado el correo electrónico convocatoriaddhempresas@baja.gob.mx para brindar acompañamiento técnico y resolver dudas a las y los postulantes durante los días finales de la convocatoria.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Baja California, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, reafirma su compromiso de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para garantizar entornos laborales justos, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.
