Autorizan en comisión de Hacienda deuda pública para garantizar el agua en zona costa

No habrá impacto en los recibos de la tarifa de agua a partir de esta contratación

MEXICALI, FEBRERO 4, 2026 .-Con opinión jurídica de la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), la Comisión de Hacienda y Presupuesto avaló el proyecto que da origen al Dictamen No. 127, relativo a la iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado a que gestione y contrate deuda pública, con el fin de llevar a cabo inversión pública productiva, como es el caso de la Desaladora de Rosarito.

La ASEBC consideró viable esta iniciativa de decreto, siempre que se cumplan las condiciones proyectadas por el Ejecutivo estatal, a fin de contar con los recursos presupuestales en numerario que puedan ser destinados al pago del servicio de la deuda, además de contar con disponibilidad suficiente para atender la continuidad de sus programas operativos anuales. Asimismo, los recursos provenientes del financiamiento solicitado deberán destinarse invariablemente a inversiones públicas productivas.

En el uso de la voz, ante el Secretario de Hacienda del Estado, Andrés Pulido Saavedra, la presidenta de la CHyP, diputada Julia Andrea González, se refirió a los tratados de agua firmados a mediados del siglo pasado para el abastecimiento con el país vecino, los cuales actualmente enfrentan riesgos de incumplimiento debido a las sequías del río Colorado, además del alto costo que implica llevar el agua a la zona costa.

“Por ello, necesitamos poder darles a las personas este derecho y buscar las formas, que ustedes nos están trayendo con este proyecto de la desaladora. Y si bien el pasado fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum ya vino a informarnos sobre estos proyectos de coordinación con el Gobierno del Estado, tenemos que poner nuestra parte”, expresó.

Agregó que la federación también aportará presupuesto, y que el objetivo es que la infraestructura llegue a las viviendas, ya que no solo se trata de desalar el agua. Señaló que, aunque la presente legislatura concluirá el próximo año, se debe garantizar que las políticas públicas estén orientadas al beneficio de las futuras generaciones.

En respuesta a una pregunta del diputado Jaime Cantón, el secretario de Hacienda, Pulido Saavedra, indicó que la fuente de pago de esta solicitud de autorización por parte del Ejecutivo del Estado será el Impuesto Sobre Nómina o el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal.

Aseguró que no habrá impacto en los recibos de los consumidores de las comisiones de servicios públicos de Tijuana ni de Ensenada, ya que el esquema será subsidiado.

Por su parte, el diputado Eligio Valencia señaló que, así como actualmente se utiliza infraestructura financiada hace décadas, es necesario construir la que usarán las futuras generaciones, advirtiendo que sería irresponsable heredar sequía, escasez, conflictos por el agua y freno al desarrollo, además de que garantizar el acceso al agua es una obligación constitucional.

El decreto fue aprobado en el seno de la Comisión dictaminadora por ocho votos a favor, uno en contra —de la diputada Alejandrina Corral— y cero abstenciones. Posteriormente, fue avalado en el mismo sentido el proyecto que da origen al Acuerdo No. 1 de esta Comisión legislativa, para dar seguimiento a la aplicación de los recursos, a partir de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado.

Durante la sesión se acordó que el funcionario estatal extenderá en breve una invitación a las y los veinticinco legisladores para realizar un recorrido por la zona, con la asistencia de la gobernadora, a fin de exponer el proyecto desde los aspectos técnico, ambiental y financiero.

Participaron en esta sesión las diputaciones Julia Andrea González, Eligio Valencia, Michel Sánchez, Jaime Cantón, Alejandra Ang, Juan Manuel Molina, Michelle Tejeda, Adriana Padilla y Alejandrina Corral, con la presencia del diputado Ramón Vázquez; así como el Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate.

También participaron el Secretario de Hacienda del Estado, José Andrés Pulido Saavedra; los subsecretarios Olga Alcalá Pescador y Carlos Sparrow; la Procuradora Fiscal, Adriana González; el jefe de oficina Antonio Gaytán; y por parte de la Subsecretaría de Gobierno, Luis Alonso López.

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