MEXICALI, ABRIL 5, 2026 .- El Dictamen No. 81 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLyPC), relativo a la reforma a la Ley de Expropiación del Estado, presentada por la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, fue aprobado por el pleno en la reciente sesión ordinaria.
Dicha iniciativa pretende armonizar la ley con la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, respecto a la denominación para referirse a la autoridad expropiante y a la secretaría encargada de ejecutar lo concerniente a las expropiaciones.
Desde la óptica de la inicialista, entre las razones que justifican el cambio legislativo se encuentran emplear un lenguaje incluyente no discriminatorio en la armonización, así como actualizar la denominación de secretarías y dependencias con un enfoque inclusivo.
Esta reforma es una respuesta a los tiempos actuales, al trabajo y a la lucha por consolidar un marco normativo que otorgue un valor igual a todas las personas gobernadas, visibilizando la diversidad social y promoviendo la igualdad.
En 2021 fue presentado el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California por la titular del Ejecutivo estatal, Marina del Pilar Avila Olmeda, en el cual se integran las voces de cientos de bajacalifornianos con el objetivo de construir una entidad consolidada y participativa en el bienestar de todas y todos.
Asimismo, se impulsó una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, reestructurando las distintas secretarías y órganos descentralizados del Poder Ejecutivo, lo que dio paso a nuevas estrategias administrativas.
Principalmente, estas estrategias derivan de la creación de nuevas secretarías, la separación de otras y la conformación de nuevos órganos descentralizados. Sin embargo, aún existen leyes que no armonizan con estos cambios derivados de la reestructuración del Plan Estatal de Desarrollo.
Uno de estos instrumentos jurídicos es la Ley de Expropiación de Baja California, en la cual persisten nomenclaturas de secretarías que ya no existen o estructuras que han sido modificadas, eliminadas o fusionadas, además de un lenguaje que no se encuentra alineado con los principios de inclusión y no discriminación.
Por tales motivos, fue aprobado el dictamen de la comisión que preside el Diputado Juan Manuel Molina, por dieciséis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
