MEXICALI, MAYO 26, 2026 .- En su intervención desde la máxima tribuna, la diputada Daylín García Ruvalcaba advirtió que el problema de las adicciones en Baja California ha dejado de ser un asunto aislado para convertirse en una crisis de salud pública y de seguridad, cuya magnitud exige una atención integral y urgente por parte de todas las instituciones del Estado.
“Hablemos de uno de los problemas más graves e invisibilizados en nuestro Estado: el crecimiento de las adicciones. No es un tema menor, es un problema estructural que no se está atendiendo como la prioridad que merece ser”, refirió la legisladora.
Baja California se encuentra por encima del promedio nacional en consumo de drogas, con más del 22% de las juventudes que han consumido o consumen actualmente sustancias. El consumo de metanfetaminas y opioides sintéticos como el fentanilo se ha disparado, mientras que los centros de rehabilitación operan con alta ocupación y muchas familias no encuentran espacios públicos gratuitos para atender esta problemática.
La congresista destacó que existe una correlación directa entre el consumo de sustancias, la violencia familiar, los delitos patrimoniales, la deserción escolar y el deterioro comunitario.
“Las adicciones son también un tema de seguridad, por lo que invertir en prevención es reducir delitos, y las autoridades estatales y municipales deben asumir esta responsabilidad de manera directa”, señaló.
Bajo este panorama, el exhorto aprobado por el Pleno solicita al secretario de Salud del Estado, Adrián Medina Amarillas, un informe detallado sobre los programas vigentes de prevención y atención de adicciones. Dicho informe deberá incluir presupuesto asignado y ejercido, espacios y centros físicos disponibles, cobertura territorial, número de beneficiarios e indicadores de evaluación.
Asimismo, se pide al secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, que informe si dentro del Presupuesto de Egresos 2026 existen partidas específicamente etiquetadas para la prevención y tratamiento de adicciones.
De igual manera, se solicita a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda generar un plan integral de atención a las adicciones, en coordinación con las secretarías de Salud, Seguridad y Educación, así como con el Instituto de Psiquiatría del Estado.
La propuesta contempla la creación de una partida presupuestal para fortalecer la salud mental y ampliar las capacidades de los centros públicos de tratamiento, además de apoyar a los centros de vida y salud que ya operan en beneficio de las familias.
Finalmente, se requiere a los ayuntamientos del Estado coordinarse con la Secretaría de Salud para implementar programas municipales de prevención temprana en escuelas, espacios comunitarios y colonias con alta incidencia de consumo, reconociendo que la prevención también es una estrategia fundamental de seguridad pública.
