MEXICALI, JUNIO 29, 2026.- El diputado Jaime Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California para que las audiencias y actuaciones jurisdiccionales relacionadas con el delito de despojo reciban atención prioritaria y carácter urgente, con el objetivo de fortalecer el acceso a una justicia más rápida para las personas afectadas.
El legislador señaló que el despojo de viviendas y predios se ha convertido en una de las problemáticas que más afectan el patrimonio y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, por lo que consideró necesario que las autoridades judiciales cuenten con herramientas que permitan atender estos asuntos con mayor oportunidad.
Jaime Cantón Rocha indicó que, de acuerdo con cifras dadas a conocer en iniciativas recientes, durante 2024 se registraron aproximadamente 1 mil 383 casos de despojo en Baja California, mientras que de enero a agosto de 2025 ya se contabilizaban 864 denuncias, siendo Mexicali uno de los municipios con mayor incidencia.
La propuesta plantea que los jueces penales y de control den trámite preferente a las audiencias y actuaciones relacionadas con el delito de despojo, sin modificar las competencias, los procedimientos ni las garantías establecidas en la Constitución y en la legislación vigente.
El diputado afirmó que, en muchos casos, la demora en los procesos judiciales provoca que las personas afectadas permanezcan durante largos periodos sin recuperar sus viviendas o inmuebles, lo que genera pérdidas económicas, conflictos familiares y un mayor sentimiento de impunidad.
Asimismo, la iniciativa contempla que, una vez aprobada la reforma, el Consejo de la Judicatura del Estado emita lineamientos administrativos para implementar la atención prioritaria de estos casos, con criterios que permitan atender con especial rapidez aquellos que involucren viviendas habitacionales, personas en condición de vulnerabilidad o situaciones que representen un riesgo para la integridad de las víctimas.
Finalmente, Jaime Cantón Rocha señaló que esta propuesta busca fortalecer la protección del patrimonio de las familias bajacalifornianas, agilizar la restitución de inmuebles ocupados de manera ilegal y contribuir a que el sistema de justicia responda con mayor eficacia ante uno de los delitos patrimoniales que más afectan a la población.
