TIJUANA, JULIO 7, 2026.- La educación es una responsabilidad compartida en la que las familias, autoridades educativas, instituciones de salud, especialistas y la sociedad en su conjunto deben asumir el papel que les corresponde, afirmó el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana (ADEPT), Marko Díaz, previo a la conclusión del ciclo escolar 2025-2026.
El dirigente indicó que durante décadas la escuela ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la sociedad, al formar ciudadanos, fomentar valores y contribuir a la construcción de proyectos de vida. Sin embargo, aseguró que actualmente los planteles enfrentan una realidad distinta, ya que directores y docentes atienden problemáticas cuya raíz es social y familiar.
Entre ellas mencionó la violencia escolar, el consumo de sustancias ilegales, las crisis de salud mental, el uso excesivo de dispositivos electrónicos, los conflictos familiares, el ciberacoso, la ansiedad, la depresión y diversas conductas de riesgo, situaciones que, dijo, se manifiestan diariamente en las aulas.
Asimismo, señaló que los docentes enfrentan una creciente carga administrativa y la aplicación de protocolos que, además de proteger a niñas, niños y adolescentes, también deben brindar certeza jurídica y respaldar la autoridad profesional del personal educativo.
Marko Díaz sostuvo que no puede existir una educación de calidad si quienes educan trabajan desde la incertidumbre o el temor, y enfatizó que proteger la autoridad del docente no significa autoritarismo, sino generar condiciones para que el proceso educativo se desarrolle con seguridad, confianza y responsabilidad.
El presidente de la ADEPT consideró que actualmente se exige demasiado a las escuelas y reiteró que educar no implica sustituir el papel de la familia, ya que la formación del carácter, los hábitos, el respeto, la responsabilidad y la regulación emocional comienzan en el hogar.
Indicó que, aunque los colegios continuarán siendo espacios de prevención, acompañamiento y detección temprana, es necesario un verdadero trabajo de corresponsabilidad entre familias, autoridades educativas, instituciones de salud, especialistas y sociedad.
Añadió que contar con protocolos institucionales claros y jurídicamente sólidos brinda protección a los estudiantes, certeza a las familias y seguridad a docentes y directivos en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades educativas y gubernamentales para fortalecer el respaldo a las escuelas mediante marcos legales claros, acompañamiento técnico y mecanismos de protección para quienes diariamente toman decisiones en beneficio de los estudiantes. «Una comunidad educativa fuerte requiere maestros respaldados, directivos acompañados y familias comprometidas», concluyó.
