CIUDAD DE MÉXICO, DICIEMBRE 2, 2021.- Atender aquellas condiciones estructurales que generan desigualdad y exclusión, mismas que se han agudizado durante la pandemia, requiere colocar en el centro de la acción pública a las personas y sus derechos, además de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Al inaugurar los trabajos del Foro Internacional DESCA y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacó que, para alcanzar dicho propósito, también es preciso contar con una administración pública comprometida con los intereses del pueblo, a fin de que los recursos disponibles sean utilizados en forma eficiente y eficaz para beneficio de la sociedad y todas las personas por igual.
Piedra Ibarra señaló que los Estados deben llevar a cabo las gestiones, políticas, programas y presupuestos necesarios que contribuyan a alcanzar los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, toda vez que están relacionados con el ejercicio y disfrute de diversos derechos humanos, como los relativos al trabajo, al agua, a la vivienda digna, así como a la atención de problemáticas concretas como la pobreza o el hambre.
Durante el evento virtual, recordó que la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo establece que las personas y pueblos tienen la facultad para participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, a contribuir a este y disfrutar de él, por lo cual es importante impulsar mecanismos para favorecer la participación de todas y todos en la toma de decisiones. Indicó, además, que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible innegablemente se vincula a las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales, por lo que dicho documento ha cobrado especial significado a partir de 2020, debido a la crisis sanitaria que, en el caso de América Latina y El Caribe, trajo consigo una contracción económica, asociada a un aumento del desempleo y de la desigualdad.
Por ello, confió en que este espacio de análisis y reflexión, organizado por la CNDH, contribuya a que representantes de sectores fundamentales como el gubernamental, académico, la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos, así como de órganos del Sistema Regional e Internacional en la materia, generen propuestas que contribuyan a que todas las personas sean partícipes y gocen de los beneficios del desarrollo sostenible.
En su oportunidad, el Relator Especial sobre del Derecho al Desarrollo de la ONU, Saad Alfarargi, mencionó que, a pesar de la evolución progresiva del concepto del Derecho al Desarrollo y su inclusión en algunos instrumentos internacionales, regionales y constituciones nacionales, el nivel general de conciencia de participación para su implementación sigue siendo bajo. El progreso en el desarrollo no ha sido muy parejo, especialmente para las personas en África, en países menos desarrollados, así como en islas y países pequeños. Y de igual forma, consideró que la implementación del derecho al desarrollo se enfrenta a diferentes desafíos, como la crisis financiera y económica global, la crisis energética y climática, el aumento en el número de desastres naturales, las nuevas pandemias, el aumento en la automatización en muchos sectores, la corrupción, los flujos financieros ilícitos, la privatización de servicios públicos, la austeridad y otras medidas que afectan a la población global incluyendo a los países desarrollados.
Al hablar sobre la presentación del Informe temático que realizó en noviembre de 2019 ante la Asamblea General de la ONU, en el que explora las relaciones explícitas entre el derechos al desarrollo, el desarrollo sostenible y la reducción de riesgos por desastres, Saad Alfarargi mencionó que los países en desarrollo en el sur global se ven desproporcionadamente afectados por los desastres naturales, ya que la mayoría de los países mayormente expuestos a peligros naturales y extremos climáticos se ubican en el sur de Asia y en África subsahariana, lo que ha provocado que, en los últimos 30 años, más de 2.5 millones de personas hayan muerto a consecuencia de estos desastres, según datos del Banco Mundial. Destacó que el número de víctimas en estos desastres ha sido particularmente alto en países de bajos ingresos, donde el crecimiento de asentamientos informales está en aumento y las familias en pobreza viven en zonas de alto riesgo, con infraestructuras deficiente o sin infraestructura, con falta de protección social y altos niveles de degradación ambiental.
Finalmente, consideró que debe haber una transición justa, alejada de una economía basada en carbono hacia una que se base en el desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos, y el principio de que nadie se quede atrás. Aseguró que este futuro solamente puede lograrse siguiendo el Acuerdo de París, en el contexto del Derecho al Desarrollo y la igualdad entre el norte y el sur global, donde el norte ayude al sur a crear una economía resiliente en cuanto al tema del clima, lo cual requerirá financiamiento para que estas naciones se puedan volver socios igualitarios en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Por último, consideró que las lecciones aprendidas después de la pandemia por Covid-19 sobre la conectividad global, junto con la recuperación económica puede facilitar una transición justa, al integrar perspectivas de género y establecer procesos de revisión transparentes para su progreso.
Durante el primer día del Foro Internacional DESCA y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, organizado por la CNDH, participaron también experto regional de América Latina y El Caribe, Álvaro Amaya; el coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Pablo Yanes Rizo, y el encargado de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Economía, Alfredo González Reyes.
