TIJUANA,FEBRERO 3,2022.– Para apoyar la economía familiar, y porque es un derecho constitucional el acceso a la información y a la impartición de justicia, el Cabildo aprobó exentar el cobro que hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal por los derechos de localización de personas.
Esto fue gracias a la iniciativa de reforma al Artículo 36, Fracción VII, Inciso A), de la Ley de Ingresos Municipales, presentada por el regidor Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, David Ruvalcaba Flores.
En los juicios civiles, familiares, o procedimientos contenciosos administrativos, si un ciudadano desconoce el paradero, o ubicación física de su contraparte, debe pasar por la etapa procesal su búsqueda, y, esto ocurre por medio de la entrega de oficios de localización, a diferentes empresas y autoridades, y, solo hasta que todas y cada una de ellas respondan, tales procesos pueden continuar.
Desde hace varias administraciones públicas municipales, por responder dichos oficios, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cobra un monto de 6.5 veces UMA (Unidad de Medida y Actualización), que, en la actualidad, representan aproximadamente 600 pesos.
“Esta reforma es muy importante, sobre todo, para quienes lleven procesos judiciales en Tijuana; es un pequeño cambio, pero muy significativo, pues se va a exentar el pago de derechos por localización de personas, del cual ejerce cobro la Secretaría de Seguridad Pública, y, realmente debe ser gratuito”, expuso.
El regidor priista David Ruvalcaba Flores explicó que, “solicité que este cobro debe ser retirado, porque estoy convencido de que no se puede poner un costo, ni al derecho de acceso a la información, ni gravar la impartición de justicia, porque ambos son derechos protegidos por nuestra Constitución”.
Por todo lo anterior, agradeció a sus compañeros regidores, que aprobaron la iniciativa, y el apoyo de la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”, porque esta reforma beneficia a los ciudadanos, y a los abogados litigantes, ya que sus procesos tendrán mayor fluidez, sin depender de la capacidad económica de sus representados.
