TIJUANA, MAYO 11, 2025.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa de no inmigrante, situación que también afecta a su esposo, Carlos Torres Torres, actual coordinador de Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de Tijuana.
La mandataria estatal dio a conocer que fue notificada recientemente sobre la decisión del Departamento de Estado, sin que se le precisaran las causas de la revocación. En declaraciones públicas, aseguró que no existe ningún señalamiento judicial o investigación abierta en su contra en México ni en territorio estadounidense.
“Estoy tranquila, segura de que se trata de un asunto que se esclarecerá en los próximos días”, expresó la gobernadora. Por su parte, Carlos Torres reveló que su visa también fue cancelada en semanas recientes y atribuyó el hecho a “disposiciones internas del Departamento de Estado”.
Este hecho ha generado un amplio debate debido al carácter inusual de que un gobernador en funciones vea revocado su permiso para ingresar a los Estados Unidos, especialmente en una entidad fronteriza como Baja California.
Casos similares
La revocación de visas por parte de autoridades estadounidenses no es nueva, y en el pasado reciente se han registrado situaciones comparables, aunque con contextos distintos.
En febrero de este año, una maestra mexicana fue deportada y perdió su visa tras intentar cruzar la frontera para realizar compras. Según la versión oficial, las autoridades determinaron que había violado los términos de su visa al haber dado a luz anteriormente en territorio estadounidense, sin contar con los permisos adecuados.
Otro caso que generó polémica ocurrió en abril, cuando el Departamento de Estado retiró las visas a integrantes del grupo musical “Los Alegres del Barranco”, tras un concierto donde se proyectaron imágenes que glorificaban a líderes del narcotráfico. La decisión fue justificada por el gobierno estadounidense bajo el argumento de que no se permitirá la entrada a personas que “ensalzan a criminales”.
Estos antecedentes revelan un patrón de endurecimiento por parte de la política migratoria estadounidense, que, amparada en normas internas y criterios de seguridad nacional, ha intensificado la revisión de perfiles tanto de ciudadanos comunes como de figuras públicas.
Pendiente de aclaración
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del Consulado de Estados Unidos en Tijuana sobre el caso de la gobernadora Marina del Pilar ni de su esposo. Sin embargo, expertos en relaciones diplomáticas señalan que estas decisiones, aunque discrecionales, pueden estar relacionadas con revisiones rutinarias, cambios en políticas internas o sospechas que no necesariamente derivan en acusaciones judiciales.
En tanto, la mandataria estatal continúa con sus funciones al frente del gobierno de Baja California, sin restricciones legales en su desempeño.
Redacción: Diario Tijuana
Con información de El Financiero, Infobae y El País
