TIJUANA, JUNIO 23, 2025 -Así lo expresó el C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana, quien señaló que la propuesta llega en un momento económico delicado, con un crecimiento del PIB nacional de apenas 0.02%, y con una tendencia a la baja en la generación de empleos, como lo reflejan los datos del IMSS durante los últimos tres meses.
“Esta reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas traerá muchas consecuencias negativas, ya que no estamos en la mejor condición en este momento, lo cual provocará más desempleo”, advirtió.
De acuerdo con el dirigente, uno de los principales efectos será el aumento de costos laborales, debido a que las empresas necesitarán contratar personal adicional para cubrir las horas reducidas, lo que representa un reto, en particular, para las MiPymes, mismas que constituyen el 98% de las unidades económicas en Baja California y el resto del país.
Además, señaló que esta reforma podría incentivar el crecimiento de la informalidad laboral, ya que muchas empresas sin capacidad para asumir los nuevos costos buscarían operar fuera del marco legal, privando a los trabajadores de sus derechos y al Estado de su recaudación fiscal.
“En lugar de combatir la informalidad, con estas medidas se va a propiciar más, ya que de acuerdo con el INEGI, en 2024 era del 42.2% y ahora, en los primeros tres meses de 2025, la tasa de informalidad se ubicó en el 52.2%, es decir, 10 puntos porcentuales más”, puntualizó Lyle Fritch.
También destacó que los costos de producción se verían elevados, lo que derivaría en un aumento de precios y mayor presión inflacionaria, con efectos negativos en el poder adquisitivo de la población. En Baja California, la inflación actual se encuentra en 5.97%, una de las más altas del país.
El dirigente recordó que el estado ya enfrenta desafíos adicionales, como un salario mínimo 50% mayor que el promedio nacional, y una tasa del 4.25% en el Impuesto sobre Nómina, que es 50% más alta que la media nacional, lo cual limita aún más el margen de maniobra para el sector productivo.
Por ello, el CCE propone que, de aprobarse la reforma, el gobierno implemente medidas para mitigar su impacto, como una reducción gradual del Impuesto sobre Nómina al 2% durante el periodo de transición, y la deducibilidad total de prestaciones como bonos, vales y horas extras para conservar el empleo formal y la competitividad empresarial.
