CIUDAD DE MÉXICO, SEPTIEMBRE 24, 2026.- Ocho de cada 10 personas en México consideran que la corrupción es frecuente y 83.9 por ciento percibe prácticas de corrupción frecuentes en los partidos políticos, mientras que sólo 23.9 por ciento expresa confianza en ellos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI.
Los datos muestran también una relación compleja con las instituciones encargadas de las elecciones: 59.9 por ciento de la población percibe corrupción frecuente en los institutos electorales, mientras 48.1 por ciento manifiesta tener mucha o alguna confianza en ellos.
A ello se suma el costo directo de la corrupción en la vida cotidiana. Durante 2025, los actos de corrupción asociados con trámites, pagos y contactos con autoridades representaron 17 mil 707 millones de pesos, 48.7 por ciento más que en 2023, según el INEGI.
Este escenario coincide con el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que arrancó formalmente el pasado 10 de septiembre y concluirá con la jornada electoral del 6 de junio de 2027. Además de renovarse las 500 diputaciones federales, habrá elecciones locales en las 32 entidades y estarán en disputa más de 20 mil cargos públicos.
El proceso involucrará a una lista nominal superior a 101 millones de electores y el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé instalar alrededor de 176 mil casillas en todo el país.
Para Mauricio Merino Huerta, ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) y académico de la Universidad de Guadalajara, el país llega a esta contienda con un sistema electoral “muy, muy maltrecho” y con riesgos que deben observarse desde el comienzo del proceso.
Merino advirtió que entre los asuntos a seguir se encuentran el adelanto de las actividades partidistas, la posible intervención del crimen organizado, la entrada de recursos ilícitos y el comportamiento de las autoridades responsables de garantizar condiciones equitativas de competencia.
El investigador ha insistido además en que la corrupción electoral no debe observarse únicamente durante las campañas o reducirse a la compra del voto y al uso ilegal de recursos.
Una parte de esas prácticas, explicó, puede materializarse después de las elecciones mediante la distribución de posiciones y recursos: “el intercambio es por puestos públicos, presupuestos, contratos, privilegios que se van otorgando después en los gobiernos”.
Desde esta perspectiva, la corrupción implica la captura de decisiones y recursos que deberían responder al interés público para utilizarlos en beneficio de determinados grupos políticos, económicos o particulares.
Merino ha sostenido que este fenómeno obliga a observar no sólo el día de la elección, sino el conjunto del proceso: financiamiento, campañas, actuación de autoridades, fiscalización, uso de recursos públicos, integración de instituciones y decisiones posteriores.
El académico también destacó la importancia de fortalecer la observación ciudadana ante los comicios de 2027. “La elección es de la gente, no es de los partidos, no es del gobierno”, afirmó al señalar que la imparcialidad de las autoridades no sólo debe estar establecida en las normas, sino reflejarse en sus decisiones.
Los riesgos señalados incluyen además la desinformación y las nuevas formas de manipulación de la conversación pública en plataformas digitales, así como la violencia y la posible intervención de redes de intereses políticos, económicos o criminales.
El desafío, de acuerdo con el planteamiento de la Red por la Rendición de Cuentas, consiste en evitar que la corrupción altere las condiciones de competencia, debilite los mecanismos de vigilancia o reduzca la capacidad de la ciudadanía para controlar el ejercicio del poder.
Para analizar estos fenómenos se realizará el próximo 15 de octubre, en Guadalajara, Jalisco, el XV Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas: “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”, que reunirá a integrantes de la academia, especialistas, personas tomadoras de decisiones y organizaciones de la sociedad civil.
El encuentro, que tendrá como sede el Auditorio del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, es organizado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de esa casa de estudios, el Instituto de Estudios sobre la Transición a la Democracia (IETD), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la Fundación Friedrich Ebert.
El foro buscará identificar los principales riesgos del proceso electoral, intercambiar diagnósticos y discutir propuestas para fortalecer las instituciones, prevenir la corrupción y ampliar la participación ciudadana en la vigilancia del poder.
