TIJUANA, OCTUBRE 7, 2022.– El apego a la ley y el respeto a los derechos humanos es una premisa fundamental de la administración que encabeza la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, por ello, se realiza la difusión y análisis de temas jurídicos fundamentales, como la Ley de Amparo.
Óscar Molina Peña, director de Estudios y Vinculación de la Consejería Jurídica del Estado de Baja California explicó que durante la Cuarta Sesión ordinaria de la Comisión de Estudios Jurídicos, realizada en las instalaciones del Cetys Universidad, tuvieron la participación de dos expositores, Francisco Domínguez Castelo y el maestro Francisco Caballero Green, integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Ambos analizaron un tema de impacto para la administración pública, consistente en la suspensión del acto reclamado en materia de juicio de amparo.
Molina Peña explicó que esos temas tienen mucho impacto en la administración porque el juicio de amparo es un medio de protección de los derechos humanos y jurídicos de los gobernados.
A través de la suspensión del acto reclamado se conserva la materia del juicio, se busca que no se creen daños de difícil reparación a los ciudadanos.
Los trabajos de la Comisión y los estudios que se realizan van más allá de la sola capacitación y actualización de los abogados de gobierno y de las diferentes dependencias del estado.
“Más allá de la capacitación es un evento abierto al público, buscamos que haya una homologación y unificación de criterios legales, posteriormente se realizan mesas de trabajo para aterrizar y buscar que se aplique en el día a día en las dependencias del estado”, explicó.
Actualmente en Baja California se considera como una defensa constitucional que se tramita ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación el cual lo invocan los gobernados cuando sienten los gobernados que hay un acto de autoridad o una omisión de la autoridad que les afecta un derecho.
En el ejercicio de un derecho es analizado por los titulares del Poder Judicial de la Federación. El Amparo expone los conceptos de una violación a la ley, los argumentos, pero tiene que ser visto por el tribunal federal para analizar si existe la violación o no la hay, y si se conserva el amparo.
Es una obligación constitucional de todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias, promover respetar y proteger los derechos humanos, cualquier conducta contraria a ello sería violatorio a la ley.
Además de los ponentes, participaron en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Estudios Jurídicos el consejero de la Judicatura del estado, en representación del Poder Judicial, el abogado César Olguín Angulo, representantes de las áreas jurídicas de diferentes dependencias del Gobierno del Estado, e integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, así como profesores y maestros en general.
