MEXICALI, MARZO 05, 2023.- El diputado Juan Diego Echavarría Ibarra (PAN), fijó posicionamiento en sesión general del Congreso en el que asentó que quedó demostrado, basado en un reporte técnico de la Auditoria Superior del Estado, que la empresa ROMAFAM, S.A. de C.V., conocida como FISAMEX, actuó fuera de la ley y junto con funcionarios públicos de la administración estatal anterior (2020-2021), en tiempos del exgobernador Jaime Bonilla Valdez incurrieron en presuntos delitos que tendrán que ser demostrados y castigados por autoridades ministeriales.
El legislador citó que el 15 de febrero de 2023, la Auditoría Superior del Estado dio a conocer el informe de resultados de dicha auditoria especial, con análisis y conclusiones como las siguientes:
El contrato adjudicado a FISAMEX fue bajo el argumento de que las comisiones de agua no contaban con personal capacitado para realizar los servicios a contratar; que existían circunstancias que pudieran provocar perdidas o costos adicionales al realizarse una licitación y por existir información de naturaleza confidencial para el Estado que pudiera comprometerse con la licitación.
Sin embargo la Auditoría Estatal concluye que los dictámenes elaborados por FISAMEX no contienen una complejidad técnica que justifique lo pagado por su elaboración, al ser simples hojas de cálculo de fórmulas matemáticas, por lo que pudieron ser elaborados por personal de las comisiones, además que pudieron costar mucho menos, aun pagando horas extras a dicho personal.
La misma Auditoría establece en su reporte que no se explicaron o acreditaron las circunstancias de las supuestas pérdidas que se argumentaron y que el monto del contrato, era suficiente para su adjudicación mediante licitaciones públicas, lo que no ocurrió al haberse dado una adjudicación directa.
Se concluye que la contratación de FISAMEX fue irregular y arbitraria, lo que daría lugar a procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, correspondiendo a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública deslindar las responsabilidades del caso.
Con relación al objeto del contrato, que fue en todos los casos la prestación de servicios profesionales de revisión de consumos a usuarios comerciales a fin de determinar posibles volúmenes irregulares de consumo para su cobro a los usuarios que mediante manipulaciones a los equipos de medición o cualquier otro medio, reportaran consumos menores a los realmente generados. La auditoría estima, que el objeto fue incongruente con lo que realmente hizo FISAMEX, ya que se limitó a elaborar un dictamen con base en información que las propias comisiones de agua le proporcionaron, estimando los presuntos derechos omitidos.
En cuanto a la recaudación y contraprestación, durante los aproximadamente 15 meses de vigencia del contrato, entre 2020 y 2021, las comisiones recaudaron poco más de 1 mil 810 millones de pesos por pagos hechos por las empresas auditadas por FISAMEX. Dicha empresa, recibió como contraprestación, el 20% del monto total recuperado de las cuentas dictaminadas, ascendiendo a más de 354 millones de pesos.
En la auditoria se detalla, que el Código Fiscal del Estado prevé en su artículo 30, el supuesto de que los contribuyentes paguen BAJO PROTESTA, lo cual les permite impugnar la contribución, y eventualmente obtener su devolución.
El dinero así recaudado, a criterio de la Auditoria Superior, queda como depósito en garantía para la autoridad, es decir no puede disponer del mismo hasta que la impugnación quede jurídicamente firme, cuando ya no haya recurso o medio de impugnación que pueda modificarla, lo que tampoco se hizo.
En lo personal, anunció el diputado Echavarría Ibarra estará presentando una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado en contra del ex Gobernador Jaime Bonilla Valdez, los miembros de los Consejos Directivos de las comisiones del Agua que autorizaron dichos contratos, así como de los miembros del comité de adquisiciones que validaron las arbitrariedades en el mecanismo de contratación de FISAMEX, incluidos a quienes fungieron como directores de los organismos operadores del agua y representaron a los mismos en esos actos jurídicos, y contra la propia empresa y sus directivos.
Advirtió la actualización de diversas figuras delictivas que Al Ministerio Público corresponderá determinar, como pudiera ser coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones o facultades, tráfico de influencias, usurpación de funciones públicas por parte de la empresa, por mencionar algunas.
Concluye señalando que se confirman con todo lo anterior, las ilegalidades, arbitrariedad y corrupción del Gobierno de Jaime Bonilla en el Caso FISAMEX. No lo decimos nosotros, acota, lo dice una autoridad técnica, imparcial y objetiva. La anterior administración, hizo uso del servicio del agua, como mecanismo de extorsión y chantaje a usuarios comerciales de los organismos operadores en el Estado.
El agua es un líquido vital, que jamás debe ser usado nuevamente, como mecanismo de extorsión; el que debe agua, debe pagarla, y el que la cobra, debe hacerlo de manera legal y justa, puntualizó
