TIJUANA, DICIEMBRE 15.2023.-Derivado de la propuesta de Ley de Ingresos del gobierno de Baja California en que se propone un incremento al Impuesto Sobre Nómina, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) manifestó su rechazo a esta medida, ya que no existe claridad sobre el destino de los recursos.
Lo anterior fue expresado durante una conferencia de prensa por parte de la C.P.C. Norma Ulloa Robles, presidenta del CCPBC, quien estuvo acompañada del Dr. Rogelio Herrera, en representación del Colegio de Contadores Públicos de Tecate.
Asimismo, el Lic. Carlos Güereña, representante de la Comisión de Seguridad Social del CCPBC; y el Lic. Clemente Ranero, representante de la Comisión de Estudios Fiscales del CCPBC.
La dirigente señaló que la propuesta del gobierno estatal es incrementar el Impuesto Sobre Nómina de 1.80% a 4.25%, lo cual equivale a un 136% más, lo cual fue considerado como desproporcionado.
“Nuestro reclamo es que las sobretasas se queden como están, porque necesitamos invertir en educación, infraestructura y seguridad, y porque son sobretasas etiquetadas, pero cuando éstas se mueven al impuesto general ya no sabemos en qué se van a gastar”, expuso la dirigente.
Actualmente, explicó, se cuenta con una sobre tasa de 1.20% destinada a educación, y una sobretasa de 1.25% que se etiquetó para seguridad e infraestructura, pero la propuesta es que estas sobretasas sean parte del Impuesto Sobre Nómina.
“Cabe resaltar que somos el estado con el Impuesto Sobre Nómina más alto, y esto nos resta competitividad; al pasar estas sobretasas al impuesto, se elimina el fin específico que tenían”, apuntó.
Ulloa Robles aseguró que los contribuyentes tienen el derecho a conocer el destino de los recursos, sin embargo, no existe la transparencia para acceder a dicha información, aunado a que es un impuesto que grava un gasto no una utilidad.
La contadora pública certificada Norma Ulloa refirió que las más afectadas son las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a las cuales se propone un decreto para exentar el impuesto, no obstante, ello carece de seguridad jurídica puesto que quedaría en un decreto y no en una ley.
“En un lapso de dos años hemos tenido tres reformas a este impuesto, lo que significa una falta de certeza jurídica. Somos una ciudad, un estado, privilegiado en tema de inversión extranjera directa, pero si no damos las facilidades, estas inversiones pueden buscar ubicarse en otros estados”, finalizó.
