SAN DIEGO, JULIO 25, 2024.- Diecinueve presuntos miembros de una organización de tráfico de personas fueron acusados de coordinar el contrabando de decenas de migrantes no autorizados a Estados Unidos desde México, la mayoría a bordo de embarcaciones o lanchas individuales a través del océano Pacífico. Nueve de los 19 están detenidos. Un gran jurado presentó una acusación contra 14 miembros de la organización, y se presentó una denuncia contra otros cinco.
«El Departamento de Justicia se ha comprometido a desmantelar las operaciones transnacionales de tráfico de personas que se aprovechan de los migrantes y amenazan nuestra seguridad nacional», declaró la Vicefiscal General Lisa Monaco. «Las nefastas organizaciones como la acusada en este caso podrán responder por sus presuntos delitos en los tribunales estadounidenses».
Los nueve acusados detenidos han sido arrestados en los puertos de entrada o en otros lugares de San Diego durante un esfuerzo de ejecución de varias agencias la semana pasada; los otros acusados están prófugos. Los agentes federales presentaron órdenes de cateo autorizadas por los tribunales en presuntos escondites de San Diego y Los Ángeles. Entre otras cosas, los agentes incautaron más de $100,000 dólares y dos cajas de municiones durante las operaciones de seguridad. Anteriormente, los agentes habían incautado más de $120,000 dólares durante la investigación.
De acuerdo con la acusación y la denuncia, los acusados participaron en una prolongada conspiración para introducir ilegalmente en Estados Unidos a personas procedentes de México por tierra y mar. La organización gestionaba el transporte desde México en lanchas o embarcaciones personales hasta zonas costeras como Sunset Cliffs, Bird Rock en La Jolla e Imperial Beach, California, a menudo de noche y en condiciones peligrosas. Los traficantes prefieren las motos acuáticas por su velocidad y capacidad para acercarse rápidamente a la costa, lo que les permite abandonar el lugar con rapidez y eludir a las autoridades.
Los documentos de acusación alegan que los acusados también se encargaban de transportar a los migrantes dentro de Estados Unidos, ya fuera conduciendo ellos mismos o coordinándose con otros conductores, incluso a Los Ángeles, Santa Bárbara (California) y Las Vegas. La organización supuestamente cobraba entre aproximadamente $7,000 y $16,000 dólares por persona traficada y transportaban decenas de miles de dólares de ganancias de San Diego a México.
“Los casos de tráfico de personas son de máxima prioridad porque hay vidas en juego”, declaró la Fiscal Federal del Distrito Sur de California, Tara McGrath. “Ya sea corriendo una moto acuática por la costa sin chalecos salvavidas o transportando un tractocamión repleto de personas, los traficantes exponen a los vulnerables migrantes a un peligro extremo y priorizan el lucro sobre la vida humana.”
“Todos los aspectos del tráfico de personas -ya sea por tierra, mar o aire- ponen vidas en peligro”, declaró el agente especial en funciones Christopher Davis, del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) San Diego. “HSI y nuestras agencias asociadas están comprometidas a frenar esta actividad ilegal que está diseñada únicamente para enriquecer los bolsillos financieros de los codiciosos traficantes”
«Esta acusación sirve como aviso a aquellas organizaciones criminales transnacionales que operan a lo largo de nuestra frontera costera de que es sólo cuestión de tiempo antes de que sean llevados ante la justicia», dijo la Agente Jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, Patricia McGurk-Daniel. «Nuestro enfoque sigue siendo la protección de nuestra nación, y vamos a aprovechar todos los recursos disponibles para que estos criminales rindan cuentas por sus acciones.»
Los acusados Edgar Jiménez Macías, de 33 años; Alex Ceja Guzmán, de 30 años, también conocido como Alejandro y Gordo; y Tobías Julián Burgara González, de 32 años, todos de Tijuana, México, y Junior Zavala Ramírez, de 34 años, también conocido como JR, de Tecate, México, están actualmente bajo custodia. Se les acusa de conspiración por introducir extranjeros con fines lucrativos y de introducir extranjeros con fines lucrativos y complicidad. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una pena máxima de 15 años de prisión y hasta $250,000 dólares de multa.
También están detenidos Iván Pulido Jáuregui, de 49 años; Manuel González López, de 26 años, también conocido como Tortillero; Jesús Misael Molina Flores, de 20 años; Alexis Adrián Villela Inda, de 29 años; y Mateo Adrián Alduenda Gutiérrez, de 26 años, todos ellos de Nayarit, México, acusados de conspiración por introducir extranjeros con fines lucrativos. Si son declarados culpables, cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y a una multa de hasta 250,000 dólares.
Los nombres del resto de los acusados no se han hecho públicos.
El caso fue investigado por el Grupo de Trabajo Marino del HSI de San Diego, la Patrulla Fronteriza y la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Los fiscales adjuntos David Fawcett (adscrito al Grupo de Trabajo Conjunto Alfa, una asociación entre la División Penal del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional), Peter Horn y Lawrence Casper, del Distrito Sur de California, están llevando el caso.
La acusación forma parte de una investigación de las Fuerzas Operativas de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF). La OCDETF identifica, desarticula y desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, bandas y organizaciones delictivas transnacionales de más alto nivel que amenazan a Estados Unidos, utilizando para ello un enfoque multiinstitucional dirigido por fiscales e impulsado por los servicios de inteligencia, que aprovecha las fortalezas de los organismos policiales federales, estatales y locales contra las redes delictivas.
Estas actuaciones son también el resultado de los esfuerzos coordinados del Grupo Operativo Conjunto Alpha (JTFA). El Fiscal General Merrick B. Garland creó el JTFA en junio de 2021 para reunir los recursos de investigación y acusación del Departamento de Justicia, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para combatir el aumento de los prolíficos y peligrosos grupos de tráfico y trata de seres humanos que operan en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. El JTFA está integrado por funcionarios de las Fiscalías de los Estados Unidos situadas a lo largo de la frontera suroeste, incluidos el Distrito Sur de California, el Distrito de Arizona, el Distrito de Nuevo México y los Distritos Oeste y Sur de Texas.
Numerosos elementos de la División Penal del Departamento de Justicia, dirigidos por la Sección de Derechos Humanos y Fiscalías Especiales, y apoyados por la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Formación de la Fiscalía; la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas; la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos; la Oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley; la Oficina de Asuntos Internacionales; y la Sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado, prestan un apoyo específico.
El JTFA también se basa en una importante inversión policial del DHS, el FBI, la Administración para el Control de Drogas y otros socios. Hasta la fecha, la labor del JTFA ha conducido a más de 310 detenciones nacionales e internacionales de dirigentes, organizadores y facilitadores importantes del tráfico de personas; a más de 250 condenas en Estados Unidos; a la imposición de más de 185 penas de prisión importantes; y al decomiso de bienes considerables.
Una acusación o denuncia son meras imputaciones. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
