
MEXICALI, MAYO 1, 2025.- En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, se emitió la declaratoria de incorporación constitucional de la reforma al artículo 70 de la Constitución Política de Baja California, con la cual se exigen nuevos requisitos de experiencia especializada para quienes aspiren a encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
De acuerdo con el proceso legislativo, la declaratoria se emite una vez que la mayoría de los cabildos municipales del estado aprueben la reforma constitucional, cumpliendo así el requisito establecido en el artículo 112 de la Constitución local.
La iniciativa, impulsada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, establece que los futuros titulares de dichas fiscalías deberán acreditar no solo título profesional en Derecho, sino también al menos cinco años de experiencia profesional comprobable en los temas específicos de cada instancia: combate a la corrupción y responsabilidades administrativas en el primer caso, y derecho electoral en el segundo.
El promovente argumentó que esta modificación busca generar condiciones de igualdad de oportunidades al eliminar restricciones que privilegiaban exclusivamente a perfiles internos de la Fiscalía, permitiendo así la participación de profesionistas con experiencia especializada en los sectores público o privado.
Además, subrayó la importancia de la especialización técnica, con el fin de garantizar que los responsables de dichas fiscalías cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para desempeñar sus funciones con eficacia y enfoque.
Otro de los beneficios señalados es el enriquecimiento institucional, al permitir la incorporación de perspectivas externas al aparato de procuración de justicia, fortaleciendo así las capacidades del sistema con enfoques diversos.
Con esta declaratoria, la fracción III del artículo 70 de la Constitución Política del Estado queda modificada para establecer que las personas titulares de las fiscalías especializadas podrán acreditar experiencia en áreas directamente relacionadas con sus funciones, como responsabilidades administrativas, combate a la corrupción o derecho electoral, sin limitarse exclusivamente al ámbito de procuración de justicia.