Diputada propone ampliar Ley Olimpia para sancionar violencia digital con inteligencia artificial

Iniciativa busca castigar el uso de “deepfakes” y proteger a víctimas de contenido íntimo manipulado

MEXICALI, ABRIL 10, 2026.– La diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para ampliar la protección contra la violencia digital, incorporando de manera expresa el uso de inteligencia artificial (IA) en la manipulación de contenido íntimo.

La propuesta busca actualizar la Ley Olimpia para sancionar prácticas como los “deepfakes”, es decir, la creación de imágenes, audios o videos falsos con contenido íntimo sin el consentimiento de las personas involucradas.

La legisladora advirtió que el marco jurídico actual resulta insuficiente frente al avance tecnológico, ya que no contempla de forma específica estos nuevos mecanismos, lo que deja en estado de vulnerabilidad a mujeres, niñas y adolescentes, principales víctimas de este tipo de agresiones.

Explicó que, aunque el artículo 175 sexties del Código Penal estatal contempla sanciones por contenido real o simulado, exige la participación directa de la víctima, lo que excluye casos donde el material fue generado artificialmente sin su intervención.

En ese sentido, la iniciativa plantea sancionar la creación y difusión de contenido íntimo manipulado, así como la suplantación de identidad y las amenazas relacionadas con la publicación de material falso.

Con esta reforma, Baja California se sumaría a otras entidades que han actualizado la Ley Olimpia para enfrentar el uso indebido de la inteligencia artificial en actos de violencia digital.

Además de las sanciones penales, la propuesta contempla impulsar educación y alfabetización digital, así como herramientas de prevención frente a conductas como el acoso, sextorsión y discursos de odio.

La diputada subrayó que la violencia digital trasciende las pantallas, generando afectaciones emocionales, aislamiento y daños a la reputación, por lo que enfatizó la necesidad de actualizar las leyes para garantizar la protección de la intimidad ante los avances tecnológicos.

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