TIJUANA, JULIO 13, 2026.- La regulación de la cacería debe anteponer la conservación de las especies y la prevención de daños a cultivos; sin embargo, ante la falta de recursos para la inspección gubernamental, la mayor vigilancia y responsabilidad recae en los propietarios de ranchos, ejidos y Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAs), donde se realiza esta actividad.
Así lo consideró el ingeniero bioquímico José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México (CIGAMX), durante el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, cuya sesión abordó el tema “La cacería en México: ¿factor de amenaza o alternativa de uso sostenible de la fauna silvestre?”.
El especialista destacó que la modalidad de caza más practicada en México es la de subsistencia y señaló que, aunque la cacería genera opiniones encontradas, la actividad que no debe tolerarse es la caza furtiva, al incumplir las disposiciones legales destinadas a proteger la vida silvestre.
Como ejemplo, mencionó el reciente aseguramiento de personas que transportaban restos y la cabeza de un borrego cimarrón en la zona de Valle de la Trinidad, entre San Felipe y Ensenada, caso que actualmente se encuentra en proceso por tratarse de un delito federal.
Zavala Álvarez subrayó que la vigilancia debe recaer principalmente en los propietarios de ranchos y UMAs, debido a la insuficiencia de recursos públicos para supervisar la vida silvestre. Incluso planteó que estas unidades podrían considerarse una modalidad de Área Natural Protegida, al contribuir a la conservación mediante un aprovechamiento cinegético adecuado.
Asimismo, indicó que el debate sobre la cacería debe mantenerse abierto debido a sus múltiples implicaciones sociales, culturales y ambientales, además de recordar que existen casos en los que especies exóticas introducidas generan graves afectaciones a los ecosistemas, como ocurrió con las cabras en la Isla Guadalupe y actualmente con los gatos ferales que representan una amenaza para las aves silvestres.
También explicó que los depredadores forman parte del equilibrio natural y destacó que la vida silvestre continúa siendo indispensable para la humanidad, al recordar que la pesca representa una importante fuente de proteína a nivel mundial.
Por su parte, la ingeniera química Jessica Castañeda Castillo, asesora del CIGAMX, precisó que la caza del borrego cimarrón únicamente está permitida en Sonora y Baja California Sur, mientras que en Baja California no se autoriza debido a su importancia como especie emblemática y símbolo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Agregó que la Ley General de Vida Silvestre regula el aprovechamiento extractivo de especies silvestres y consideró necesario ampliar la visión sobre la cacería, ya que el análisis no debe centrarse únicamente en la especie, sino en la actividad y en las condiciones bajo las cuales se desarrolla.
Luis Gerardo Domínguez, subdirector del CIGAMX, señaló que el debate adquiere especial relevancia en la frontera norte y el noroeste del país, donde existen ecosistemas de alto valor biológico que albergan especies cinegéticas como el venado bura, el conejo y diversas aves acuáticas.
Indicó que la conservación de estas poblaciones depende de la información científica, la vigilancia y la coordinación entre autoridades, propietarios y comunidades, así como del combate a la cacería ilegal y de la protección y restauración de sus hábitats.
Durante la sesión 166 del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, el investigador de El Colegio de la Frontera Sur, Eduardo Jorge Naranjo Piñera, afirmó que el borrego cimarrón es la especie de fauna silvestre mexicana con el mayor valor económico dentro de la cacería deportiva.
Explicó que un permiso para cazar un ejemplar en los estados donde está autorizado puede superar los 50 mil dólares, equivalente a cerca de un millón de pesos, por lo que se trata de una actividad dirigida a personas con altos ingresos y sujeta a estrictos estudios poblacionales antes de autorizar cualquier aprovechamiento.
Añadió que los permisos se asignan a comunidades, ejidos o propietarios de los terrenos donde se desarrolla la actividad y que parte de los ingresos obtenidos permanece en beneficio de quienes administran esos predios.
Al abordar los mecanismos para evitar actos de corrupción, Naranjo Piñera reconoció que estas prácticas también pueden presentarse en la cacería deportiva y que la cacería de subsistencia continúa realizándose, en muchos casos, sin un control efectivo.
Explicó que la Ley General de Vida Silvestre establece que la cacería de subsistencia debe ser regulada por las propias comunidades con asesoría de la Semarnat, aunque esta orientación pocas veces ocurre debido a la falta de personal y presupuesto.
Finalmente, sostuvo que la mejor regulación proviene de los propios propietarios de los terrenos donde se practica la cacería, ya que cuando las comunidades y dueños asumen la responsabilidad sobre la actividad, las condiciones para un manejo adecuado suelen ser más favorables.
