A raíz de mi artículo sobre la pena de muerte, hubo un sector mayoritario que estuvo a favor, muy pocos, no más de 5, en contra por motivos religiosos o ético-morales y otro sector amplio, pero minoritario, más bien por sus dudas acerca de la eficiencia e imparcialidad de la justicia mexicana.
Eso me llevo a plantearme la siguiente pregunta:
¿Es corrupta la Justicia en México?
Es indudable que sí y creo saber la respuesta. En nuestro país casi no existe la separación de poderes. En el siglo XIX, Carlos María de Secondant, Barón de Montesquieu, en su clásico libro “El Espíritu de las Leyes”, señaló de manera precisa, que la invasión de poderes del ejecutivo hacia los demás poderes era un germen corruptor terrible. Esta teoría llevo a que en la Revolución Francesa se declarara que “donde no hay separación de poderes, no hay Constitución” esta aseveración es una inmensa verdad, que sigue siendo válida. Esa es la primera premisa para que la justicia sea imparcial. ¿Porque ligo un tema con otro? Porque en la vida diaria mexicana no hay división real de poderes.
Los Gobernadores, en su gran mayoría, en los estados que gobiernan, en asuntos de su interés, le indican a los magistrados y jueces cómo resolver. A nivel federal es igual, el Ejecutivo, a través de la secretaria de gobernación o de la consejería jurídica, en asuntos de interés personal o nacional, influyen sobre los jueces, magistrados y ministros de la Corte. En 1986 me toco participar en una reforma constitucional para dar mayor autonomía a los jueces y magistrados estatales. La Constitución de 1917, había sido omisa en este importante punto y en ningún lado regulo a los poderes judiciales estatales.
Para subsanar esta importante omisión, se utilizó el artículo 116, para legislar por vez primera en la Constitución, garantías y protección a la justicia local, entre ellas el derecho a la ratificación y a la inmovilidad, que significa que una vez que el juzgador es ratificado en su cargo por segunda vez, ya nadie podrá correrlo de su empleo, será inamovible. Esta es para mí la garantía más importante que tienen para emitir sentencias imparciales. Sí, en efecto, ya nadie podrá despedirlos si la sentencia es desfavorable al gobierno. Pero esta garantía sólo opera contra las pretensiones estatales y no contra las de particulares.
En 1994 me toco participar en otra gran reforma, la del Poder Judicial Federal. En aquella época, había 25 ministros y el gobierno federal tenía informes de qué varios de ellos estaban involucrados con el crimen organizado. No sé si las pruebas, o no eran contundentes o no se tenía claro quiénes eran todos los involucrados, por eso se tomó la decisión de jubilarlos a todos, nombrando nuevos, reduciendo el tamaño de la Corte de 25 a 11 y quitándoles la atribución de conocer de manera general juicios de amparo.
No sé ustedes, pero me sentí defraudado por la irrisoria sentencia de Javier Duarte y de Alejandro Gutiérrez, en ambos se nota una componenda del poder ejecutivo. En ambos casos se ve que el juez federal recibió consigna de actuar como actuó y, a pesar de todas las garantías con las que actualmente cuenta, se subordino a los dictados del poder presidencial.
