MEXICALI, JUNIO 4, 2021.- El Director de la empresa dictaminadora Fisamex, Manuel García Soto declaró que «no tienen vergüenza» los administradores del parque industrial Nelson que pretenden engañar a la opinión pública aparentando ser «blancas palomitas» cuando tienen un adeudo por más de 42 millones de pesos pues reportaban un consumo de «cero» metros cúbicos en un área de más de 274 mil metros cuadrados de superficie.
La aclaración de la empresa dictaminadora deriva de una publicación que hizo el Parque Industrial Nelson, ubicado en Mexicali al «engañar» a sus trabajdores y a la opinión pública en el sentido de que estaban siendo objeto de «extorsión» a través de cobros indebidos por lo que palabras más, palabras menos invitaban a repudiar un partido político en esta contienda electoral que se avecina.
«Nada más falso que eso», dijo el director de Fisamex Manuel García al exhibir el tamaño de la nave industrial y el consumo en «ceros» metros cúbicos, lo cual implica un ilícito previsto en la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua para el estado de Baja California, referente a los pagos por derecho de conexión a la red de agua potable y alcantarillado sanitario de la CESPM.
A continuación la base del dictamen:
Por tanto el único ilícito que existe en esta historia es haber dejado de pagar los consumos y el servicio que está regulado por el estado de Baja California en la red de alcantarillado público, dijo la fuente.
En virtud de la veda electoral, nos vemos impedidos a reproducir el llamado a no votar por un partido determinado convocado por esta empresa y firmado por Rodolfo, Esther y Naomi de apellidos Nelson Culebro. Así como Rodolfo, Juan Carlos de apellidos Nelson Luken; y Humberto Juárez Nelson así como Alfredo Martínez Nelson.
Al respecto la empresa Fisamex reiteró su compromiso de mantener con profesionalismo la realización de dictámenes de acuerdo con la encomienda jurídica con el estado de Baja California y aclaró que es el propio estado de Baja California el encargado de cobrar y perseguir, en su caso, la conducta irregular de no pagar por el uso del servicio y el agua potable de acuerdo a las normas y leyes vigentes en el estado.