TIJUANA, B.C., 20 de septiembre de 2021.- Para el gobernador Jaime Bonilla Valdez, si la empresa Z Gas no resuelve sus conflictos con sus trabajadores podría tener consecuencias lamentables pues mientras que unos trabajadores los ha inscrito ilegalmente en el IMSS de otro estado, a su trabajador que tuvo un accidente en un camión de la empresa lo mantiene en estado de indefensión.
En su conferencia de todas las mañanas y frente al Secretario del Trabajo, Luis Javier Algorri Franco, Bonilla fue tajante al mostrar una vez más su respaldo para el trabajador que estuvo a punto de ir a la cárcel tras protagonizar un accidente en el que embustió varios vehículos al experimentar una falla mecánica en el vehículo oficial de la empresa.
Bonilla dijo que confía en que se resuelva el problema del señor Rodolfo Martínez Covarrubias, quien era chofer de la empresa Zeta Gas en Tijuana y que en 2020 tuvo un accidente «en la 5 y 10» al conducir la unidad, de lo contrario, por irregularidades, la compañía, podría hasta perder la operación del servicio.
El mandatario estatal recibió un mensaje del señor Rodolfo Martínez para referir su caso, por lo que, pidió al secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Javier Algorri Franco, dar seguimiento al tema.
El titular de la STPS, informó que ya establecieron dos reuniones en el ámbito laboral, donde se invitó a los representantes de Zeta Gas y la persona afectada, para entablar la conciliación.
Señaló que Martínez Covarrubias presentó una petición económica concreta (5 millones de pesos), de ahí que los representantes legales de la compañía se comprometieron a analizarla, sin embargo, el monto que ofrece la empresa «es muy bajo» (alrededor de 50 mil pesos)
Algorri Franco, explicó que al no llegar a un acuerdo entre ambas partes, la Secretaría del Trabajo, brindó asesoría a la persona para interponer una demanda; no obstante, la dependencia estatal hace inspecciones en la compañía Zeta Gas.
Intervino el gobernador Jaime Bonilla para señalar: «La empresa está mal, porque ni siquiera la persona estaba dada de alta en el seguro social localmente, lo dieron de alta en Chihuahua, con un salario mucho más bajo, por lo tanto, le afecta sus prestaciones, es un abuso y es algo que no se puede perdonar».
Enseguida añadió: «No puedo entender la injusticia que cometieron cargando todas las penalidades al chofer, cuando el camión no estaba mecánicamente correcto, tengo entendido que ni siquiera tenía todos los documentos. Si no entiende la empresa, entonces desde el punto de vista del gobierno hay que buscar la manera de cancelarles el servicio».