Remiten a Comisión de gobernación propuesta para ratificar a titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Que la designación del Titular se realice bajo el modelo de responsabilidad compartida, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo

MEXICALI, MARZO 1, 2022.- Las instituciones de seguridad en Baja California deben tener como objetivo prioritario garantizar la integridad física de la población en general, puesto que la entidad ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en materia de seguridad pública, por lo que se presentó iniciativa que reforma la fracción XXXII del artículo 27 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Baja California.

 

La modificación planteada, solicita que también se incluya al Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), a efecto de que se faculte al Congreso del Estado a ratificar el nombramiento que haga el Poder Ejecutivo, como se hace actualmente con diversos nombramientos de titulares del Poder Judicial del Estado, de Dependencias de la Administración Pública Estatal y de órganos autónomos como el Fiscal General del Estado.

El documento presentado por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, resalta la importancia de que la designación del Titular de dicha secretaría se realice bajo el modelo de responsabilidad compartida, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, siendo una cuestión acorde con una visión integral en la que sea producto de un consenso político amplio y en el que se tome en cuenta la participación ciudadana, además por considerar que el candidato reúna los requisitos o condiciones para ejercer eficaz y eficientemente sus funciones.

Con el cambio de administración ya se han realizado diversos cambios constitucionales relevantes, tanto a la estructura como a las funciones para el pleno funcionamiento de la administración pública en materia de seguridad pública, entre ellos la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con funciones que comprenden la prevención especial y general de los delitos, así como la prevención social de las violencias con una perspectiva de género y con un enfoque diferencial.

 

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