BC Merece la creación de una procuraduría ambiental

Explicó que Baja California necesita un organismo que no se centre en multar ni clausurar, sino en incentivar el cumplimiento desde un brazo voluntario.

TIJUANA, FEBRERO 6, 2023.- Ante la disminución de la capacidad de inspección y vigilancia de las autoridades federales para regular y cuidador el medio ambiente, es necesaria la creación de un organismo que parta de la confianza, credibilidad y sobre todo, que esté blindada contra la corrupción para garantizar el cumplimiento de las normativas a nivel estatal.

El Director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA) José Carmelo Zavala Álvarez, refirió la urgencia de que se cree una Procuraduría Ambiental, en la que se coordinen, combinen y concentren los temas ambientales y de desarrollo sustentable, todo esto en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Esta Procuraduría deberá tener la capacidad tecnológica y científica para trabajar de la mano con organismos como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), que, con acceso a bases de datos, cuente con la capacidad para desplazarse en toda la entidad y cruzar información propia para establecer programas de inspección.

Explicó que Baja California necesita un organismo que no se centre en multar ni clausurar, sino en incentivar el cumplimiento desde un brazo voluntario, donde se reconozca a quienes de manera voluntaria se apeguen a las normatividades que regulan el cuidado del medio ambiente.

Zavala Álvarez exhortó a las autoridades a que, como parte de la creación de una Procuraduría, se emita un etiquetado verde y se beneficie el consumo hacia los organismos que por iniciativa propia se adhieran a las regulaciones.

Finalmente, el ingeniero bioquímico reiteró la importancia de la creación de un fondo verde, con el que se recauden recursos provenientes de pagos de derechos, multas y sanciones del sector ambiental para financiar los programas y esfuerzos que se requieren para la inspección y vigilancia del cuidado ambiental.

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