MEXICALI, SEPTIEMBRE 24, 2023.- El Congreso del Estado exhortó por unanimidad al C. Alejandro Arregui Ibarra, Secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, para que, de acuerdo a las facultades previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Baja California, realice una investigación respecto a la explotación e irregularidad laboral que sufren las y los jornaleros indígenas y no indígenas que laboran para las empresas agrícolas en el Valle de San Quintín.
La propuesta presentada por la diputada morenista Evelyn Sánchez Sánchez, detalla que las y los jornaleros agrícolas pertenecen a uno de los sectores laborales más precarios y con mayor violencia en México, además de que la mayoría de esta población es mano de obra no calificada, ya que más de 70% tiene educación básica o menos y es atraída por el constante trabajo en el campo.
Refirió que, según organizaciones campesinas, actualmente en el Valle de San Quintín laboran hasta 80 mil jornaleros en temporada alta, con una alta proporción de personas indígenas, de acuerdo con el Censo Poblacional de 2020, de los cuales un 46% habla una lengua indígena, lo que representa un porcentaje tres veces superior a la media nacional.
Sin embargo, desde hace diez años según estas organizaciones, en la mayoría de las empresas agrícolas en el Valle de San Quintín, en una jornada laboral promedio se registran ocho horas de pizca, en las cuales se logran llenar 35 cubetas pagadas a 180 pesos, después de esta cantidad, cada cubeta es pagada a un peso extra por cada bote que logre rellenar.
Señaló que la problemática laboral de las jornaleras y los jornaleros agrícolas, indígenas y no indígenas, es una constante que lleva décadas sin ser atendida a pesar de que la CNDH ha emitido múltiples recomendaciones como la 2/2017, 15/2018 y 202/2022, además de que ha requerido información mediante diversos oficios dirigidos a Gobierno del Estado de Baja California, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de eliminar las violaciones laborales que sufren los trabajadores del campo, cuestión que a la fecha persiste.
Bajo tales cuestiones y derivado de múltiples reclamos sociales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California, realizó investigaciones respecto a las violaciones laborales más recurrentes a que son sujetos las trabajadoras y los trabajadores agrícolas en el Valle de San Quintín, entre las cuales se encontraron que los patrones no inscriben a los jornaleros en el Seguro Social, no les pagan las horas extras y los despiden injustificadamente.
“Por tal motivo, es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las jornaleras y los jornaleros agrícolas, especialmente las mujeres, incluyendo el acceso a servicios de cuidado gratuitos y de calidad, además de garantizar una vida libre de violencia y discriminación por razones de género y promoviendo el empleo rural decente, salud y educación de calidad”, finalizó.
