De nuevo el ex presidente Donald Trump está polarizando a la sociedad y justicia estadounidense. Su caso judicial se asocia a una segunda acusación el martes 13 junio ante un tribunal federal de Miami en torno a 37 cargos por retención intencionada de información de seguridad nacional en documentos secretos – 13.000 documentos, unos 300 de ellos clasificados-; tres, por guardarse y ocultar papeles a las investigaciones federales; dos, por falsedad; y el último, por conspiración para obstruir a la justicia con uno de sus empleados: Walt Nauta. El expresidente Trump compadeció ante el juez John Goodman en la Corte federal de Miami, quien lo dejó en libertad.
Es la primera vez que un expresidente estadounidense tiene siete cargos federales en 247 años de historia del país. La primera acusación al expresidente Trump fue a principios de abril en una corte estatal en Nueva York por haber pagado de manera secreta la cantidad de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio sobre una relación extramatrimonial (El País, 13 junio 2023).
El expresidente de Estados Unidos se ha declarado no culpable de los siete delitos federales y argumentó que la Ley de Registros Presidenciales lo protege y declaró que Biden, como vicepresidente de Obama, y Bill Clinton, se llevaron documentos a sus residencias al finalizar sus mandatos, al igual que Hillary Clinton. Cabe mencionar que el actual presidente Biden está siendo investigado por otros documentos clasificados que fueron encontrados en su residencia de Delaware en su época en la que era vicepresidente con el presidente Obama. La diferencia con el caso de Trump es que los documentos eran pocos y no tan comprometedores y que tampoco se le acusa, como a su predecesor, de haber obstruido a la justicia (El País, 13 junio 2023).
La denuncia federal en la Corte de Miami lo encabeza el fiscal especial Jack Smith, quien acusó al entonces gobernador republicano de Virginia, Bob McDonnell, acusado de corrupción en 2014 junto con su esposa. El fiscal Smith también está investigando la implicación de Trump en los disturbios del Capitolio del 5 de enero de 2021.
¿Cuáles son las principales lecturas de esta segunda acusación al expresidente Trump? Una primera lectura judicial, la fiscalía federal tiene el reto de fundamentar que Trump efectivamente puso en riesgo la seguridad nacional del país con el ocultamiento de los documentos. Esta información se asocia a las capacidades de defensa y armas tanto de Estados Unidos como de otros países; programas nucleares; vulnerabilidades potenciales de ataques militares de Estados Unidos y de sus aliados; y planes de posibles represalias en respuesta a un ataque extranjero (France 24, 12 junio 2023). La Ley de Espionaje estadounidense, tipifica como delito la posesión no autorizada de información de defensa nacional. Un acto que se castiga con hasta 10 años de prisión.
Una segunda acusación al expresidente Trump es la negación de los documentos secretos. Trump y su ayudante Walt Nauta obstruyeron la investigación al intentar ocultar los documentos oficiales, a pesar de que la Oficina Federal de Investigación (FBI) los había solicitado en varias ocasiones (France 24, 12 junio 2023). Algunas evidencias de este tipo de información y la negación de la misma, fueron proporcionadas por Evan Corcoran, ex asesor legal del expresidente Trump. Cuestionar la credibilidad del ex asesor será clave para la defensa legal de Trump.
Un problema de esta dimensión judicial puede ser que el Juez Smith no fundamente de manera explícita la violación y riesgos a la seguridad nacional estadounidense. Con lo cual el expresidente Trump si bien podría ser acusado de alguna acción ilícita, ello no le impediría ser nuevamente candidato presidencial. Además, se podrá cuestionar que por primera vez el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra un expresidente, con lo cual la calidad y pertinencia de las evidencias legales serán importantes en la acusación contra el presidente Trump. Desde la perspectiva del ex presidente: “Yo no soy el que piensa que estoy por encima de la ley. Yo soy el que siguió la ley”, dijo Trump. “Joe Biden y su corrupto Departamento de Justicia están por encima de la ley”. Cuestión de interpretaciones, pero que generan opinión entre los seguidores republicanos.
Una segunda lectura de la acusación federal contra el expresidente Trump, es la dimensión social en particular con los electores afines al partido republicano. Las demandas contra el ex presidente Trump han generado efectos sociopolíticos particulares: una mayor adhesión de sus seguidores republicanos; la polarización política en la sociedad estadounidense, incluida la población de origen mexicano y en general latina y una mayor legitimidad política con respecto a los 10 precandidatos republicanos e incluso con respecto al presidente Biden. Trump, supera a su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por más de 30 puntos porcentuales, según un promedio de encuestas nacionales compiladas por RealClearPolitics.
Estados Unidos, fundado como una república constitucional en 1787, tiene una larga tradición de democracia y ha sido reconocido como uno de los países más democráticos del mundo. Por la cual la polarización promovida por el expresidente Trump seguirá aumentando en el contexto de las elecciones primarias de este 2023. Si bien la presidencia de Trump se ha caracterizado por la controversia y la polarización política, sigue manteniendo cierta legitimidad política, superando al resto de los precandidatos republicanos.
La polarización generada por las acusaciones contra el ex presidente Trump ha proporcionado información y ha impulsado el debate sobre temas importantes. Algunas de sus políticas y declaraciones han suscitado preocupaciones sobre la libertad de prensa, el proceso electoral justo y la inclusión de todas las voces y comunidades clave de la sociedad estadounidense, entre ellas la población de origen mexicano en Estados Unidos. En resumen, el expresidente Trump sigue y continuará siendo un personaje polémico por el nivel y tipo de polarización generada.
