TIJUANA, ABRIL 6, 2022.- Representantes de organismos civiles pro familia piden a los diputados locales que no aprueben en el pleno las reformas que pretenden penalizar las terapias de conversión, denominadas así por tratarse de asesorías para ayudar a las personas a comprender el desarrollo del género.
William Mora, representante del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, advirtió que organizarán movilizaciones si ven la intención de los legisladores locales de aprobar las reformas a los artículos 21 y 160 del Código Penal de Baja California.
Junto con Víctor Márquez, de otra agrupación pro familia, y Rosa María Avitia, de la Asociación Estatal de Padres de Familia, William Mora dijo que consideran que se vulneran los derechos de los padres y el libre ejercicio de profesiones, en este caso, de los terapeutas.
Sobre todo, la consideran una “ley mordaza”, porque coartan el derecho de los padres de asesorar a sus hijos, personalmente, o con el apoyo de profesionales en psicología o ministros religiosos que también pueden brindar la asesoría.
En lenguaje llano, las terapias de conversión tienen que ver con orientar a las personas, en este caso, a los menores de edad, para que dejen su idea de ser gays, y, sin debate alguno, los diputados consideran que eso atenta contra la libre orientación sexual, la identidad y la expresión de género.
Al respecto, los activistas pro familia aclaran que, no obstante, existen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los padres de familia son quienes, en su derecho educan a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, y, es hasta que cumplen los 18 años, mayoría de edad, cuando el joven puede decidir si está de acuerdo o no con esos principios.
En todo caso, acotó William Mora, si la terapia profesional se diera con electrochoques, o con alguna forma de violencia, existen las normas que sancionan a los terapeutas, y, lo mismo, si los padres utilizaran la violencia para “orientar” a sus hijos. “Eso sí tiene que ser penalizado, porque habría agresión”, puntualizó.
El dictamen que fue aprobado el pasado 29 de marzo en Comisión, y está a punto de aprobarse en el pleno del Congreso del Estado, define en el Artículo 160, del Capítulo XII, que habla sobre Delitos contra la orientación sexual, la identidad y expresión de género:
“Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de quinientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Lo anterior significa que, además de la pena carcelaria, la multa equivaldría como mínimo de 47 mil hasta 188 mil pesos, y, se incrementa en algunos casos al doble, o sea, hasta 500 mil pesos, mucho más penalizado que el robo de autos, u otros delitos realmente graves.
Rosy Avitia, de la Sociedad de Padres de Familia, considera que, coartar a los padres de familia sus derechos de formar a sus hijos, conforme a los principios morales e ideológicos que consideren, solo es propio de los países que padecen bajo una dictadura.
