TIJUANA, OCTUBRE 8, 2021.- Un llamado enérgico a la Federación hizo el gobernador Jaime Bonilla Valdez, para que atiende las demandas de los pescadores y no favorecer, por intereses mezquinos, a grandes empresas con el otorgamiento de permisos para la pesca.
El mandatario estatal abordó el tema y exhibió un comunicado, que emitió el pasado 7 de octubre del presente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), referente a la falta de sustento legal del decreto de Baja California para la pesca en pequeña escala.
El documento que avala la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), señala que el decreto que firmó el gobernador Bonilla, viola la Constitución y la normatividad en materia de pesca, al invadir la competencia y atribuciones reservadas al Ejecutivo federal, para otorgar permisos y concesiones pesqueras.
Según la CONAPESCA y la INAPESCA, el Gobierno de Baja California, no tiene facultades para iniciar el registro e integración de expedientes de pescadores en la entidad, para la pesca ribereña y en pequeña escala, por lo que no reconocerán ningún acto de este tipo.
El mandatario Estatal, dijo que este decreto se firmó con la intención que, los pescadores “tuvieran que comer” y que salieran libremente a realizar este oficio que han hecho por generaciones.
“A las empresas ̕grandotas̔ les dan permiso para pescar con redes para llevarse el tesoro de los mexicanos, que es la vida del mar y lo han hecho por años”, dijo.
Explicó que la administración estatal agotó todas las instancias y realizó un sin número de reuniones con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y con los titulares de CONAPESCA y la INAPESCA, sin tener una respuesta concreta, lo que generó una merma a la economía familiar de los pescadores.
Según el argumento de las dependencias, detalló, está limitada la pesca en pequeña escala para Baja California. “Es una pesca que hacen con caña, como si fueran afectar, como lo hacen esas empresas internacionales que siempre les otorgan permisos, y cuando hay ampliaciones son para ellos”, señaló.
El gobernador del Estado comparó esta situación con la caseta de peaje de Tijuana-Rosarito, que cobraba indiscriminadamente a los usuarios locales, hasta que la federación accedió que no se les cobre a los vecinos de la zona costa.
“Yo les prometí, pero alguien tiene que hacer algo por los pescadores, que también tienen derechos humanos, por eso se hizo el decreto. Yo sabía que iban a ̔chillar̕ y que iban a empezar a pegar de gritos, que lo hagan, y si me van a denunciar, que lo hagan”, manifestó.
El jefe del Ejecutivo, refrendó su compromiso de defender los intereses de los bajacalifornianos y que lo hará hasta el último día de su administración. “Pueden mandar más boletines y hasta ̕bailar a Chalma̕, el hecho es que se hizo el decreto y estamos haciendo un expediente para que la Secretaría de Pesca reaccione y se ̕ponga las pilas̕ y si no quiere trabajar, nosotros lo hacemos”, argumentó.
“Ya estuvo bueno de abusos, y si tengo la oportunidad de hacer otro decreto lo voy hacer para proteger a los bajacalifornianos y que quede claro. Porque entre todas las cosas, primero está la vida de las personas y el derecho a tener un ingreso, y cuando le quitas eso, le quitas la oportunidad de vida a la gente”, concluyó.
